Antier el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, denunció penalmente a la coahuilense María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, exsecretaria de Educación durante la Administración de “El Bronco” (actualmente encarcelado) por un presunto desvío realizado durante su gestión.

Pero antes de entrar en materia, el contexto: para la segunda mitad de su sexenio como Gobernador y luego de su aventura independiente por la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón encontró a su regreso como Mandatario de Nuevo León a Errisúriz como titular de la Secretaría de Educación, nombrada durante su ausencia por licencia, el 8 de mayo de 2018. Ambos oficialmente finalizaron su encargo en el vecino estado el 2 de octubre de 2021.

Y hasta aquí lo anterior no tendría ninguna relevancia, salvo que la funcionaria había ocupado el mismo cargo en Coahuila durante la Administración de Enrique Martínez y Martínez prácticamente por el mismo tiempo: de 2002 a 2005, como relevo entonces de Humberto Moreira Valdés (su excompañero de generación en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila) en la Secretaría de Educación Pública.

Dicho antecedente se puede considerar una coincidencia, un modus operandi, aunque también un prejuicio. El caso es que durante los 3 años y 5 meses como titular de la dependencia estatal en Nuevo León, la oriunda de Allende, Coahuila, ejerció 3 mil 133 millones 859 mil 540 pesos en adquisiciones, sin licitar, básicamente entre 2019 y el primer semestre de 2021. Ahí es donde se acusa que los colmillos de nuestra entidad se clavaron en el presupuesto de Nuevo León.

Y ahora sí, los hechos denunciados: se trata, en pocas palabras, de 400 millones 999 mil 999 pesos adjudicados directamente, entre otros conceptos, para la compra de aulas prefabricadas vía 13 facturas. Los bienes, de acuerdo a lo reportado ayer por el periódico El Norte, no fueron entregados “según lo pactado” ya que los funcionarios responsables de la contratación “participaron en actos inverosímiles”.

Aquí es donde se cierra la pinza, pues además de Errisúriz fueron incluidos en la querella sus colaboradores Francisco Javier Hermosillo Díaz, Alejandro Gabriel González Martínez, Ángel Guadalupe López Iracheta, Fabián Pino Pérez y Antonio Huitrón Rivera.

En este mismo espacio se publicó el 24 de octubre de 2021 que, a toro pasado, una avalancha de críticas surgió en medios de comunicación neoleoneses basadas en el regionalismo y la sospecha de lo “extranjero”, reducidas a un solo cuestionamiento: ¿por qué los educadores al frente de la Secretaría de Educación eran nativos de Coahuila, y no de Nuevo León?

Errisúriz, como se recordará, fue acompañada en las principales carteras a su cargo por funcionarios de origen coahuilense como Liliana Margarita de la Rosa Chaires, Rubén Olvera Marines, Samuel Olea Martínez, Jesús Eduardo Coss Coronado, Gerardo Alejandro Leyva Berlanga, y el también denunciado Antonio Huitrón Rivera. Todos adscritos a la Secretaría, y reducidos periodísticamente al mote de “Clan Coahuila” en prensa de Nuevo León.

Sin embargo, el sustento legal presentado antier conduce no hacia Coahuila, sino a otros exgobernadores neoleoneses. Me explico.

La empresa Desarrolladora M, señalada como responsable de la operación irregular con Errisúriz y el proveedor más favorecido durante su gestión, obtuvo en el año 2008 contratos por 35.6 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León, 214.2 millones en 2009, y 48.4 millones más en 2010. Es decir, en las administraciones de “Nati” y Medina. Y lo más importante: dichas contrataciones fueron realizadas por el Comité de Construcción de Escuelas del Estado de Nuevo León, con las mismas características que hoy satanizan.

Desarrolladora M, S.A. de C.V., tiene por dueños a Ricardo y Joaquín Martínez del Campo, originarios de la Ciudad de México, con domicilio en Bosques de Las Lomas.

Y aquí viene lo interesante: ellos, a su vez, son socios en la persona moral Inmobiliaria Ferrovipe del Campo, S.A. de .C.V., de Pedro Pablo Treviño Villarreal, exdiputado federal del PRI por Nuevo León y funcionario en las administraciones estatales de José Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz.

Y oh sorpresa, también son socios de Fernando Canales Stelzer, hijo del exgobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien además funge como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil.

Pero ambos, Pedro Pablo y Canales Stelzer, se sumaron a Morena cada uno en su momento. Posteriormente, los hermanos Ricardo y Joaquín Martínez del Campo crearon las razones sociales Adelong Capital, S.A. de C.V., Daalanne, S.A. de C.V., Ricajoa, S. de R.L. de C.V. y Omara Servicios, S.C.P. de R.L. de C.V., en 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Todas en la Ciudad de México.

Cortita y al pie

Por lo demás, otro coahuilense y también exsecretario en la entidad, Noé Garza Flores, se incorporó al Gabinete de “El Bronco” como director general de Codefront (Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León) en marzo de 2019, pero esa es otra historia. Hoy busca refugio en el equipo del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, en su campaña anticipada por la Gubernatura de Coahuila.

La última y nos vamos

Lo irónico es que, mientras estigmatiza nuestro estado, Samuel García está construyendo una ruta que, acaso sin así desearlo, conduce hacia otros exmandatarios de Nuevo León.

Nadie sabe para quién trabaja.