Un logotipo creado con el programa más básico de diseño. Una página web ilustrada con fotografías genéricas de stock. Redes sociales eliminadas. Oficinas que se rentan por horas. Llamadas que no son recibidas. Promesas de pago incumplidas. Citas que se reprograman infinitamente hasta el cansancio.

¿Qué podría salir bien con esos antecedentes?

Acaba de ocurrir en Saltillo, donde también hace aire, tal como sucedió a propósito de Grupo Peak en San Pedro Garza García, la más reciente estafa piramidal millonaria publicada el pasado jueves en este mismo espacio.

Aunque a diferencia de Nuevo León, donde un trío de centennials emulaban a Leonardo Di Caprio en El Lobo de Wall Street, aquí se trata de un emprendimiento fallido de “nenis” denominado “Flujo Financiero”. Así, sin más. Localista, sin presencia en otros estados de la República.

Como única responsable figura públicamente María Concepción León Zavala, quien se hace llamar “Coni León”, abogada tamaulipeca egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 2002.

Para vincular inversionistas, León Zavala registró la página web del negocio a su nombre, el 23 de agosto de 2022, y exactamente un año después, el 22 de agosto de 2023, fue la última vez en que esta sufrió modificaciones, como se pudo verificar. Los últimos ocho meses ha permanecido inactiva, sin cambios.

Sin embargo en el tiempo que duró activo “el proyecto”, se ofertó como una sociedad financiera para “financiamiento a proyectos específicos” en México y Estados Unidos. Mencionaba en su presentación a “las fundadoras”, sin especificar a quiénes se refería, como “mujeres de palabra” ya que “las finanzas no sólo son números”, y se ofrecía como “opción para crecer” a través de “créditos e inversiones” con una “tasa de interés competitiva”.

Rentó unas oficinas en un edificio ubicado en la zona norte de Saltillo, conocido como SLW Business Center, y desde ahí atrajo inversionistas ávidos de intereses fuera del mercado.

Como en la trama de Grupo Peak, aquí tampoco hay buenos ni malos, sino cautos e incautos, pues inversores y estafadores comparten un denominador común: la ambición por el dinero fácil como valor de la posmodernidad, y la inmediatez para conseguirlo.

Una característica de los esquemas Ponzi, cabe señalar, es que desaparecen al poco tiempo de su nacimiento, una vez se detiene la flor de la abundancia.

En este asunto no existe siquiera una sociedad mercantil detrás que respalde las operaciones -cualesquiera que sean estas- de “Flujo Financiero”; por tanto no se trata de una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple) y por consecuencia no tiene capacidad para inscribirse al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres). Es decir, ni siquiera cumple con las obligaciones mínimas de ley, como regirse por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o registrarse ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef); no hay asideros que sostengan su actuación como “aliado estratégico” de potenciales clientes.

Mucho menos podría garantizar “seguridad financiera” ya que, de hecho, no está autorizado para realizar operaciones de crédito ni transmitir fondos.

Cortita y al pie

Es, en todo caso, un prestamista fuera del sistema bancario, lo cual implica que no está sujeto a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, específicamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con lavado de dinero, contenidas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Y luego están las obligaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien de acuerdo con el artículo 68 del referido ordenamiento, es quien autoriza operaciones relacionadas con la inversión de las ‘financieras’ en las sociedades mercantiles a las que presten sus servicios.

Evidentemente no se cumple nada de lo anterior pues además de todo, “Flujo Financiero” no cuenta con registro ante el SAT.

La última y nos vamos

Si a las “nenis” se tolera la entrega de mercancías en Paseo Capital como “punto medio” sin pagar derecho de piso al Municipio ni verificar su situación fiscal, aquí el tema es diferente: más allá del fraude o abuso de confianza, existe la tentativa para la comisión de delitos de cuantía mayor.