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En Sinaloa, ¿nace otro dictador?

Por Ricardo Alemán

Hace 1 mes

En los gobiernos estatales de Morena, como Michoacán, Veracruz, Puebla, Sonora y recientemente Sinaloa, crece a los ojos de todos la tara del autoritarismo, el despotismo y la dictadura.

Gobernadores que contra la civilidad democrática elemental siguen el cencerro federal del Presidente autoritario, despótico y dictatorial, como si se tratara de un contagio inevitable, más que un remedo del Presidente.

Y es que si bien para nadie es novedad el talante autoritario y despótico de López Obrador, lo sorprendente es que los gobernadores surgidos del partido oficial parecen cortados por la misma tijera.

Tijera que en los 41 meses de gestión federal moldeó al Gobierno de un solo hombre, que tiene “en un puño” a los poderes Legislativo y Judicial y que, de facto, mató “la división de poderes” consagrada en la Constitución.

Tijera de gobiernos en los que se mata periodistas críticos del Gobierno, como el caso de Luis Enrique Ramírez –columnista de El Debate–, ultimado hace pocas horas en Culiacán.

Sí, la novedad es que recorre el país la tara del autoritarismo, mientras que remedos de tiranos se instalan instalarse en aquellas entidades en donde el crimen organizado metió la mano para imponer Gobernador, en los comicios de junio del 2021.

Y ese, el caso de una nueva tiranía estatal aparece en Sinaloa, en donde llegó al poder un Mandatario surgido de las filas de Morena pero que, en los hechos, fue apoyado por las bandas criminales.

Pero lo escandaloso del caso es que en cualquier momento podría aparecer en la prensa norteamericana el presunto vínculo del gobernador Rubén Rocha Moya, con el “huachicolero” tamaulipeco, Sergio Carmona Angulo, quien habría financiado parte de la campaña del sinaloense.

Y el escándalo es mayor si se toma en cuenta que Sergio Carmona Angulo fue asesinado el 22 de noviembre del 2021, en la exclusiva zona de San Pedro Garza, Nuevo León, como parte del manto de impunidad que se extiende para proteger a gobernadores de Morena y de Movimiento Ciudadano, a los que habría financiado el empresario originario de Tamaulipas.

Según reportes de prensa, Sergio Carmona Angulo era un próspero empresario que en los últimos años incursionó en “el negocio” del robo y venta de combustible.

Al tiempo que “el negocio” crecía se ampliaron sus nexos con el primer círculo del poder federal, ya que habría metido dinero a la presidencial de 2018, sobre todo al Comité Estatal de Morena, en Tamaulipas.

De esa manera Carmona Angulo tejió una poderosa red de protección oficial que rápidamente hizo crecer “sus inversiones” en el negocio del robo y venta de combustible.

También por eso, en la elección federal del 2021, Carmona se animó a extender sus tentáculos empresariales a estados vecinos, como Sinaloa, Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí –entre otros–, en donde habría financiado a candidatos a gobernadores de Morena, Movimiento Ciudadano y PVEM, respectivamente.

Sin embargo, cuando la DEA y el FBI profundizaron las investigaciones sobre el negocio de la familia Carmona Angulo, ocurrió lo inesperado: el asesinato de Sergio, el jefe del clan familiar y del negocio.

A pesar del escandaloso crimen –Sergio fue asesinado de un tiro en la cabeza en la zona más exclusiva de Nuevo León, cuando era atendido en una barbería–, los medios afines al Gobierno federal le dieron bajo perfil.

Frente a la tragedia, Julio Carmona Angulo, hermano de Sergio, fue el único que entendió el trasfondo del crimen y, por esa razón, huyó a Estados Unidos a las pocas horas de la muerte de su hermano.

A toda prisa contactó con el FBI y con la DEA, pidió asilo consular y propuso un trato.

A cambio de protección, Julio Carmona Angulo entregó a las agencias norteamericanas toda la información de las operaciones mafiosas de su hermano y, sobre todo, detalles del dinero que habría canalizado a las campañas políticas, entre ellas la presidencial de 2018 y a los gobiernos de Sinaloa y Nuevo León, entre muchas otros.

Lo curioso es que a pesar de que en cualquier momento pudiera ser señalado como narcogobernador por autoridades norteamericanas y por la prensa de aquel país, el Mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece dispuesto a instalar su propia dictadura en Sinaloa.

Según la prensa local, Rocha Moya hace todo para seguir los pasos de López Obrador: el Gobierno de un solo hombre, sin contrapesos, sin disidentes ni opositores y menos críticos a su gestión.

Y el mejor ejemplo es el juicio político que promovió el propio gobernador Rocha contra el también “morenista” alcalde de Culiacán, de nombre Jesús Estrada Ferreiro, a quien pretende destituir por negarse a seguir los consejos de López Obrador.

Resulta que familiares de policías de Culiacán muertos en cumplimiento de su deber le exigieron al presidente el pago de las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, el alcalde Estrada Ferreiro dijo que las arcas municipales no contaban con los fondos necesarios.

Entonces el gobernador Rocha propuso entregar los fondos, pero el Alcalde se negó, lo que desencadenó una pelea tribal al interior de Morena y del Gobierno estatal. Sin embargo, ese es el menor de los problemas para el Gobernador de Sinaloa.

¿Por qué?

Además de los presuntos vínculos con Sergio Carmona Angulo, también es cierto que en distintas instancias internacionales –como la CIDH y en la ONU–, entre otras, existen expedientes completos de la participación del crimen organizado en las elecciones estatales que se llevaron a cabo en junio del 2021 y de las que resultó electo Rocha Moya.

Para nadie es un secreto que procesos electorales como los de Sinaloa, Michoacán y Sonora fueron secuestrados por las bandas criminales, que hicieron ganar a los candidatos de Morena a través del financiamiento campañas, la operación política, de compra de votos, amenaza y secuestro de dirigentes partidistas y funcionarios de casillas.

Curiosamente, en tales narcogobiernos –como el de Sinaloa–, son asesinados columnistas como Luis Enrique Ramírez, a quien manos criminales le arrebataron la vida apenas hace horas en Culiacán

En pocas palabras, al tiempo que crece la tara dictatorial en gobiernos como el de Rubén Rocha Moya, también está más cerca que nunca la confirmación del vínculo criminal de esos gobernadores.

Al tiempo.

 

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