La Navidad en México siempre ha sido un símbolo de abundancia en la mesa, un momento donde el maíz, el frijol y los frutos de nuestra tierra nos recuerdan quiénes somos. Sin embargo, mientras las luces de diciembre comienzan a parpadear, una sombra se proyecta sobre el surco: la soberanía alimentaria del país está siendo desmantelada pieza por pieza bajo una narrativa de “justicia” que, en la práctica, asfixia al productor.

El cierre de 2024 y las proyecciones para 2025 confirman una tendencia alarmante: el abandono del fomento productivo. El presupuesto destinado al campo ha sufrido un recorte real del 4.7%, una cifra que, aunque parezca técnica, se traduce en la desaparición de programas de tecnificación, seguros catastróficos y subsidios al diésel agrícola.

Hoy, de cada 100 pesos del gasto público, apenas 74 centavos llegan al sector rural. Esta descapitalización no es un error de cálculo; es una política que prioriza el asistencialismo clientelar, como los apoyos directos que no alcanzan para comprar fertilizantes encarecidos, por encima de la productividad. Sin infraestructura ni financiamiento, con una banca de desarrollo prácticamente desmantelada, el agricultor mexicano queda a merced de los mercados internacionales y del crimen organizado, que ya extorsiona hasta el 20% de los ingresos en regiones clave.

El golpe de gracia llega con las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas este diciembre por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Bajo el estandarte de garantizar el derecho humano al líquido, la reforma introduce mecanismos que ponen en jaque la seguridad jurídica de los agricultores, ya que criminaliza el riego al tipificar como “delitos hídricos” cualquier irregularidad administrativa, para convertir al campesino que busca sobrevivir en un delincuente ambiental.

De igual forma, con esta nueva Ley, el Gobierno morenista abre la puerta a la caducidad y reincorporación de volúmenes de agua a la Federación de forma discrecional y hasta desincentiva la inversión, al prohibir la transmisión de excedentes entre particulares, con lo que se elimina cualquier incentivo para que el productor invierta en sistemas de riego eficientes, condenándonos al desperdicio o a la expropiación silenciosa.

En una descarada ironía trágica los de la cuatroté, han convertido el discurso oficial que habla de “Soberanía Alimentaria”, ya que mientras aseguran que buscan la autonomía alimentaria mexicana, las importaciones de granos básicos rompen récords históricos, superando los 40 millones de toneladas. Al cortar los subsidios al progreso y endurecer el control sobre el agua, Morena no está democratizando el recurso; está administrando la escasez.

Esta Navidad, mientras brindamos, debemos recordar que la comida en nuestros platos depende de hombres y mujeres que hoy se sienten traicionados. Sin agua concesionada con certeza y sin subsidios que compensen las asimetrías globales, México no camina hacia la soberanía, sino hacia una dependencia alimentaria que nos hará vulnerables ante cualquier crisis externa. El campo no necesita limosnas; necesita respeto a su propiedad, certeza hídrica y fomento a la productividad. De lo contrario, las próximas cenas navideñas vendrán etiquetadas, en su totalidad, en otro idioma.