La incompetencia, la venalidad y el divorcio de las autoridades civiles con la ciudadanía, así como la crisis de liderazgo, dentro y fuera de los partidos, han revalorado el papel del Ejército, pero siempre deberá ceñirse a los límites estrictos de su jurisdicción. Así lo reflejan las encuestas de confianza en las instituciones, incluida la presidencia. No implica que las Fuerzas Armadas estén exentas de corrupción e ineficiencias y que el líder de la 4T acierte en sus decisiones. Nada más alejado de la realidad. AMLO ha cometido errores, algunos de ellos garrafales, pero algunos sectores todavía lo ven con indulgencia y como un Presidente “auténtico” y “honesto”, aunque en su Gobierno no todos lo sean.

Para el periodista René Delgado, decir que el país se ha militarizado es una desmesura, “cuando solo en el ámbito de la seguridad pública puede hablarse al respecto. Terreno, por lo demás, donde la oposición aprobó abrir la puerta a los militares, aún cuando luego quiso matizar su postura. (…) Fuera de ese ámbito, las nuevas tareas asignadas a las Fuerzas Armadas no implican, necesariamente, el empoderamiento de los militares a costa de los civiles” (Reforma, 26.12.20).

Voz ecuánime en un diario declaradamente anti-AMLO, Delgado advierte: “Con una fuerza administrativa (burocrática) anquilosada, sin clara vocación de servicio y en buena medida corrompida, valerse del Ejército y la Armada, en tanto fuerza institucional organizada y disciplinada, con clara cadena de mando, capacidad logística e implante nacional y, a la vez, subutilizada, no es descabellado”.

La estrategia presidencial, apunta, responde a tres propósitos: transformar la función de las fuerzas armadas, fortalecer su vínculo con la sociedad, constreñido por dedicarse más a combatir al crimen, y resolver problemas que ante “la disfunción de la burocracia, abrían espacio a negocios privados con elevado costo para el Estado”.

Sin embargo, el desafecto hacia la clase política y la estima por el Ejército comporta riesgos para la democracia. Las Fuerzas Armadas se han mantenido leales al Presidente de turno y al resto de las instituciones aun a costa de su prestigio y cuando han sido abandonadas a su suerte, en la mayoría de los conflictos. Para equilibrar la balanza, los gobiernos, congresos y partidos necesitan ser eficientes y confiables, alinear sus agendas con la sociedad y hacer realidad el Estado de derecho; pero, ante todo, ser y parecer honestos.

Los mismos gobernantes, para cubrir su incapacidad, falta de legitimidad e incluso sus transgresiones, se han refugiado en el Ejército. El mensaje es obvio: “solos no podemos”. Esa actitud debilita aún más a las autoridades surgidas de las urnas (presidentes, gobernadores, alcaldes). Las Fuerzas Armadas no suplantan ni ocupan espacios ajenos al suyo: los civiles los ceden. Y a la hora de las medallas, los políticos se las cuelgan. Como en La Laguna donde el mando único (con cabeza militar) pacificó la zona después de que el Gobierno abrió las puertas a los cárteles de la droga.

Algo no sopesado por las autoridades políticas locales, en el contexto de la 4T, es que las Fuerzas Armadas responden al Presidente. Abrazar por un lado a los mandos militares para fortalecerse, y por otro atacar a su comandante supremo, implica riesgos. Apoyar al Ejército y no solo escudarse en él, como hicieron Calderón y Peña Nieto, es la estrategia de AMLO, pero cada uno debe tener claras sus funciones, apegarse a ellas y no utilizarlas para otros
propósitos.