Ciudad de México.- Los programas de protección social tienen cada vez mayor peso en el gasto federal y ya representan 29.1% del gasto programable de este año.

En la primera mitad de 2022, los recursos destinados a programas como la pensión del bienestar para adultos mayores y las becas para estudiantes de educación media y superior, entre otros, recibieron 736 mil 567 millones de pesos, un máximo histórico que representó un incremento real anual de 7.5%, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

El año pasado, para igual periodo, su participación fue de 22.7% y para 2023, en el presupuesto anual, la Secretaría de Hacienda contempla un incremento de 12.7% en el monto, pues busca mantenerlo en niveles récord.

El gasto programable concentra los desembolsos que realiza el Gobierno para entregar bienes y servicios a la población, financiar programas sociales y permitir el funcionamiento de sus instituciones, dependencias y entidades. Según Hacienda, este nivel récord demuestra la política de gasto actual.

Sin embargo, en esta Administración federal se está acentuando la cantidad de recursos dedicados al gasto en protección social, pese a que no ayuda a la movilidad social de las personas, de acuerdo con Enrique Díaz Infante, director de Estudios del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Este gasto abarca principalmente la cobertura de pensiones del sector público, así como las del programa pensión para el bienestar de los adultos mayores, mismas que se otorgan con fines electorales, aseguró Díaz-Infante.

Explicó que para fondear este rubro no se ha realizado una reforma fiscal, lo que implica que se recurra con mayor frecuencia a una reasignación del presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal.

“ Donde se le quitan recursos a la formación de capital para pagar pensiones. Se le ha ido quitando a infraestructura, salud, educación.

“ En ausencia de una reforma fiscal, pues el juego se traduce en jalar la cobija y quienes están jalando más la cobija son los pensionados que sí votan, pareciera que electoralmente, al Gobierno le interesa cuidarlos y no así a niños, jóvenes y enfermos, salud y educación o infraestructura que no se ven privilegiados”, resaltó.

Resaltó que el gasto en protección social debería tener un enfoque de movilidad social, es decir, que busque que la población logre una movilidad socioeconómica a lo largo de su vida, lo cual, en su opinión, no ocurre porque únicamente se priorizan recursos para un grupo poblacional sin que ese sea el objetivo.