Ciudad de México.- El gobierno del presidente Donald Trump ha detenido a decenas de padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo, como parte del recorte a las protecciones migratorias que históricamente amparaban a las familias de los soldados, de acuerdo con una investigación de The Associated Press (AP).

El conteo, el primero de su tipo —pues el gobierno no lleva un registro oficial—, documentó más de 50 detenciones de este tipo desde que Trump inició su segundo mandato, de las cuales al menos seis personas ya fueron deportadas y una más se autodeportó. Al menos ocho familiares directos de militares permanecen bajo custodia migratoria federal, y la cifra real, advierte la AP, probablemente es mayor.

Durante décadas, un consenso bipartidista había protegido de la deportación a padres y cónyuges de personal militar. Ahora, según halló la agencia, se les detiene de forma rutinaria incluso mientras tramitan su situación legal a través de programas diseñados específicamente para familiares de militares, y aun cuando las fuerzas armadas siguen usando esas prestaciones para reclutar personal.

Especialistas consultados advierten que la medida podría afectar la preparación de las tropas: ha dejado a soldados sin apoyo emocional ni cuidadores para sus hijos, retrasado despliegues y obligado a algunos a solicitar licencia. El sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez, emplazado en Fort Bliss, Texas, vio cómo detenían a su esposa afuera de un Walmart frente a su hija de 6 años, y cuestionó cómo concentrarse en su carrera militar en esas condiciones.

Casos como el de la sargento de la Fuerza Aérea Wendy Gbeve ilustran el impacto: su padre, Luis Alberto Ramírez Zavala, fue detenido durante una cita rutinaria con migración y deportado a México en menos de dos semanas, sin que la familia recibiera una explicación clara. El sargento Alexis Jaramillo, del Ejército, tuvo que tomar licencia administrativa para cuidar solo a su hijastro de 5 años después de que su esposa brasileña fuera detenida en una oficina de migración en Alabama.

El cambio de política, implementado en abril de 2025, establece que el servicio militar por sí solo ya no exime a los extranjeros de enfrentar consecuencias por violar las leyes migratorias. Exfuncionarios del propio gobierno de Trump, como Dan Gividen, exsubdirector jurídico del ICE, calificaron la práctica de indignante, señalando que antes rara vez se detenía a familiares directos de militares salvo que tuvieran delitos violentos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que el servicio militar no otorga automáticamente estatus migratorio legal ni exime de las consecuencias de violar la ley, aunque reconoció que al menos siete de los detenidos ya habían sido expulsados previamente del país y ocho tenían órdenes de expulsión vigentes.

La prestación más conocida para estas familias es el “parole-in-place”, que permite a cónyuges, hijos y padres de militares regularizar su estatus desde dentro de Estados Unidos. Bajo el gobierno de Trump, el tiempo promedio para recibir ese permiso se ha más que duplicado, hasta unos 12 meses, dejando a más familias expuestas a ser detenidas mientras esperan.

Pese a las detenciones documentadas, reclutadores del Ejército y la Guardia Nacional continúan promoviendo estas prestaciones migratorias como incentivo para alistarse; solo el Cuerpo de Infantería de Marina dejó de anunciarlas oficialmente, en junio de 2025, tras las consultas de la AP.