El diferendo público entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no es nuevo, ni es tampoco un asunto que se vaya a resolver con “amor y paz” como ingenuamente pide el Presidente.

Se trata primero de un problema de competencias y facultades, en el que Nieto se queja de que él documenta e investiga delitos financieros, ya sea por corrupción pública, empresarial o crimen organizado, y luego la FGR no procesa esas denuncias ni inicia las carpetas de investigación; mientras que la queja de Gertz es que las denuncias de la UIF están mal integradas y no presentan elementos suficientes para abrir una investigación judicial.

Más allá de quién de los dos tiene la razón y cuál de las dos áreas falla, lo que es un hecho es que la facultad investigadora y de abrir carpetas de indagatorias o averiguaciones previas es una facultad exclusiva y constitucional de la Fiscalía, en donde la labor del Ministerio Público es justamente recabar las pruebas suficientes para sustentar una denuncia; pero por otro lado, una queja reiterada del fiscal Gertz es que cuando el titular de la UIF, Santiago Nieto, anuncia públicamente la existencia de expedientes financieros o congelamiento de cuentas, lo hace solo como un acto “publicitario” y sin tener el sustento suficiente en sus indagatorias.

Pero además del asunto técnico de si a la FGR le toca investigar y la UIF plantea o no bien sus denuncias, lo cierto es que también hay un duelo de egos entre los dos funcionarios claves para la 4T: por un lado el perfil tan mediático de Santiago Nieto, no de ahora sino desde que fue fiscal especializado para Delitos Electorales en la desaparecida PGR, es algo que no le gusta a Gertz Manero y que afecta –dice el fiscal– temas del debido proceso que debe respetar la Fiscalía.

Junto a la diferencia de personalidades hay también un recelo en contra de Nieto Castillo en la FGR, donde alguien le hizo creer al fiscal que Santiago merodeaba por su puesto y pretende robarle protagonismo y sustituirlo ante una eventual incapacidad por su edad.

El tema de fondo no es nada menor, pues esta confrontación está afectando la coordinación para que avancen los procesos de seguimiento, investigación y castigo de delitos que tienen que ver con la corrupción, tanto pública como privada, y del enorme desafío del crimen organizado y las millonarias finanzas del narcotráfico.

El que dos áreas estratégicas para el combate al lavado de dinero y la corrupción no estén trabajando unidas es una muy mala noticia para los objetivos de la 4T y un pésimo mensaje para delincuentes, narcotraficantes y corruptos, que se benefician de esa división.

Como se ven las cosas, por la trascendencia que ese pleito tiene en las fallas y problemas de resultados en la lucha contra la corrupción y la procuración de justicia, va a hacer falta que el Presidente haga algo más que “llamados a misa” y a la conciliación.

Alguien tendría que poner orden y sentar a los dos funcionarios para que hagan acuerdos de coordinación, por encima de sus egos y sus diferencias personales. El momento que vive el país lo reclama y si no son capaces de ponerse de acuerdo los únicos que ganan son los delincuentes, mientras perdemos todos los mexicanos.