París.- El Senado de Francia ha adoptado una ley que impone responsabilidad colectiva financiera a los manifestantes que participan en saqueos y disturbios durante las protestas.

Según el proyecto, a los participantes en protestas se les podrá exigir la reparación de los daños aunque no los hayan causado directamente. La medida también se aplicará a quienes permanezcan en un lugar de disturbios después de que la Policía ordene la dispersión.

El proyecto fue aprobado con 229 votos a favor y 105 en contra. El texto salió adelante con el apoyo del partido de derecha Agrupación Nacional y pese a la fuerte oposición de la izquierda, que considera inconstitucionales muchas de las medidas  del texto. Ahora la ley pasará a la Asamblea Nacional, donde ningún grupo tiene mayoría decisiva, comunicó Le Monde.

Antes de la votación, el Gobierno francés ya había endurecido su respuesta a las movilizaciones. El 22 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anunció la prohibición de las manifestaciones no sindicales durante los próximos días: 

“Allí donde podamos, prohibiremos”, aseguró. Además, el primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió a los operadores de telecomunicaciones estar preparados para cortar el acceso a las redes sociales en caso de nuevos disturbios.

Del liceo a las barricadas

Las protestas en Francia comenzaron a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles contra la falta de profesores, la masificación de las aulas y el deterioro de los centros educativos. Con el tiempo, a los jóvenes se les sumaron otros sectores, y las manifestaciones pasaron a denunciar también el aumento del costo de la vida. El 17 de octubre, la jornada nacional de protestas derivó en saqueos, incendios y disturbios en varias ciudades del país.

La ola de descontento ya se ha extendido a otros países. España, Bélgica, Grecia, Portugal, Italia y Albania también han sido escenario de protestas, que en algunos casos han provocado violencia y disturbios. Sus causas varían desde la crisis de la vivienda hasta el deterioro del sistema educativo o el encarecimiento del combustible.