Nos han vendido una percepción de seguridad en la cual la preservación del orden público no sólo descansa en cifras nacionales o en tranquilidad de la vida diaria, sino en una constante oferta de la misma.

Hemos llegado a suponer que como labor del Estado la seguridad es un servicio público más de aquellos que se pagan con nuestros impuestos, no como aquellos por los que pagamos cuota determinada por su consumo como la luz o el agua.

Sin embargo; pagamos el costo mas alto, el de nuestra propia libertad. Esa difusión atribuida al Gobierno genera gratitud por la tranquilidad presente y por su preservación en el futuro.

La primera pregunta que nos surge es acerca de a quién identifica el modelo como beneficiario de este paradigma; y es que, como cualquier política pública no es abstracta sino determinada por la clase social o el grupo humano al cual va dirigida.

Hemos venido recibiendo este mensaje de seguridad en Coahuila como propaganda y hasta como lema del Estado.

Este próximo martes presentaré un punto de acuerdo para señalar la inseguridad de los pobres, el expendio impune de “cristal” en las zonas marginadas y la relación con los suicidios que lleva este modelo de seguridad para los ricos que nos han impuesto como parte de una tarea aceptable de la autoridad ante los ciudadanos. Este paradigma promueve un sentimiento de inseguridad a causa del ejercicio de las libertades ciudadanas en el pasado y nos impone la visión de una dicotomía entre libertad y seguridad resuelta por la actividad gubernamental como una necesidad de restricción y fundamento para legitimarla; y por tanto, convertirla en autoridad.

Y cuando es la oferta de seguridad el principio que mantiene y legitima un Gobierno lo que realmente se está haciendo es un llamado a entregarle a cambio nuestra libertad.