La explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 31 muertos y decenas de heridos, no sólo fue una tragedia humana: fue una revelación brutal sobre el estado de la regulación energética.

A raíz del incidente, la Secretaría de Energía anunció cambios en la norma mexicana de transporte y distribución de gas LP.

Pero lo verdaderamente alarmante no son los cambios, sino lo que demuestran: hasta ahora, las empresas gaseras no estaban obligadas a demostrar que cumplían con la regulación.

La norma vigente confiaba en que las compañías hicieran pruebas de hermeticidad, presión hidrostática y mantenimiento por voluntad propia.

No había inspecciones sistemáticas, ni criterios técnicos para capacitar a los choferes, ni monitoreo satelital obligatorio.

La seguridad dependía de la buena fe empresarial, como si el transporte de hidrocarburos fuera un juego de confianza y no una actividad de alto riesgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió con una frase que debería preocuparnos a todos: “Antes no había inspección, ahora va a haber inspección”.

Es decir, antes se le creía a la empresa conforme lo que le decía la autoridad. Esta declaración, aunque honesta, confirma que el mayor peligro en materia de hidrocarburos ha sido dejar a las empresas autorregularse.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) aprobó normas que ahora sí obligan a las gaseras a presentar dictámenes anuales de operación y mantenimiento, realizar inspecciones periódicas y capacitar a sus conductores bajo estándares certificados.

También se implementarán sistemas de geolocalización y códigos QR para monitorear las unidades. Pero incluso con estas medidas, la regulación sigue dejando espacios peligrosos: otras disposiciones obligatorias aún no requieren ser comprobadas ante la autoridad.

Mientras se enviaban las disposiciones emergentes al Diario Oficial de la Federación, otra pipa comenzó a fugar cientos de litros de gas LP en Circuito Interior, en plena Ciudad de México.

Por fortuna, el gas se disipó sin explotar, pero el daño ambiental está hecho. ¿Quién reportó la fuga? Nadie. Porque hacerlo implicaría una multa para la empresa. Y como la norma sólo exige reportes si hay testigos o denuncias, la omisión se convierte en estrategia.

Este patrón se repite. En Tamaulipas, la empresa Engie operó 280 kilómetros de tubería de gas natural sin documentación en regla, gracias a la autorregulación.

La negligencia les costó una multa de apenas 8 millones de pesos. ¿Es ese el precio de poner en riesgo a miles de personas?

Aunque las nuevas normas son un paso en la dirección correcta, no representan una solución integral.

La implementación será gradual, con plazos de hasta un año para algunas unidades. Y el impacto económico será mínimo, apenas un 0.2% en el precio final al consumidor.

Pero el verdadero costo es otro: la vida de las personas, la seguridad de las ciudades, la confianza en las instituciones.

México necesita una regulación que no se base en la buena voluntad de las empresas, sino en verificación, supervisión y sanción efectiva.