Saltillo.- Los anexos, además de operar sin los permisos correspondientes y cometer violaciones a los derechos humanos de los adictos, desfalcan a sus familias al exigirles pagos semanales y la manutención del interno; también mantienen a los adictos privados de su libertad en periodos que van de 15 días hasta 3 meses. 

Con la apariencia de operar como un centro de rehabilitación para adictos a las drogas y alcohólicos, los anexos son más bien un centro de reclusión donde mantienen a los internos en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas y son víctimas de actos de tortura. 

Desde el momento en que se acude a ellos a pedir informes sobre su forma de operar, los encargados del anexo, llamados “padrinos”, hacen que el familiar de la persona adicta firme una carta responsiva en la que deslindan al centro de cualquier incidente que pueda ocurrir con la persona.

Así lo deja saber el encargado del anexo denominado Morir para Empezar a Vivir, que para ingresar al mismo hay que tocar en un portón, responde uno de los trabajadores, quien sanitiza al visitante y le exige el correcto uso del cubrebocas, es decir, atendiendo las medidas sanitarias. 

El anexo está ubicado en la colonia Bellavista, sobre la calle Primo de Verdad, es una construcción grande a modo de salón de eventos; en la cochera está habilitada la recepción, de la cual, si no eres el interno, no puedes pasar al área de internamiento. 

El encargado de inmediato pregunta el nombre de la persona que pide informes, así como los datos generales de la persona que se pretende ingresar, hacen hincapié en que los familiares deben estar de acuerdo con que la reclusión puede ser aún en contra de la voluntad del adicto. 

La recepción tiene las paredes tapizadas con pósters de pasajes de la Biblia; otros con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos; también hay una pizarra que funge como bitácora de los requisitos para ingresar a una persona. 

El encargado dice que no ofrecen el servicio de traslado y que la persona debe ser llevada por sus familiares; puntualizan que con el hecho de que un familiar firme la responsiva es suficiente para ingresar al adicto. 

De acuerdo con la información ofrecida por el encargado de nombre Carlos, se debe presentar una prueba con resultado negativo al contagio de Covid-19, y preferentemente que el interno tenga completo su esquema de vacunación.

Al preguntar sobre los métodos de rehabilitación, el encargado menciona que basan el tratamiento en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y a través de pláticas del “padrino”, quien ofrece su testimonio, las cuales pueden durar todo un día.

Servicios especializados

Respecto a cuestionamientos sobre servicios especializados médicos y sicológicos, el encargado responde que solo en caso de que el interno presente algún malestar se le llama a un médico cuyos honorarios corren por cuenta de los familiares. 

Refirió que el tratamiento dura tres meses, durante los cuales el interno tiene prohibido salir y lo mantienen sin comunicación de sus familiares. 

Cuota voluntaria

Otro de los requisitos es el pago de una cuota “voluntaria” de 500 pesos semanales, la cual deben saldar los familiares de la persona anexada, además les exigen una despensa semanal para alimentación y cinco cambios de ropa por semana, así como artículos de higiene personal.

Complicado internamiento

En el anexo Fundación Jóvenes Saltillo, ubicado en la colonia Postal Cerritos, la situación es diferente; si no eres adicto o un familiar directo (padres o esposo) no dan información sobre el internamiento. 

Se trata de una casa de dos pisos que abarca toda una cuadra, la cual tiene un patio posterior muy grande, donde los vecinos dicen, constantemente se escuchan los gritos de los internos. 

Al tocar el timbre, un hombre abre una ventanilla y recorre la cortina para impedir la visibilidad hacia el interior; al solicitarle información sobre el centro para un internamiento pide esperar un momento. 

Se escucha que le dice a dos jóvenes que cierren el portón trasero, que tapen las ventanas y que le digan a los internos que se callen, se encontraban en el patio haciendo una actividad. 

Una vez adentro hay una especie de vestíbulo sin asientos para espera; el encargado que se identificó como Miguel lleva al visitante a un cuarto contiguo donde hay un escritorio y dos sillas. 

En la pared del fondo se ve otro póster de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, algunas fotografías de grupos de internos, y varios diplomas de cursos de coaching. 

Miguel llega y pregunta al visitante el motivo por el cual pretende ingresar a su familiar y le comenta que está impedido a dar información sobre el tratamiento y los costos. 

“

Si usted no es el adicto o uno de sus padres o su cónyuge yo no le puedo dar información, necesita traer a la persona, o si quiere vamos por él a su casa, pero no puedo decirle más”.

El visitante insiste en obtener información y Miguel pide que espere y sale de la oficina; minutos después llega otro hombre, viste short y playera blanca interior, lleva tenis como calzado. 

Sin identificarse, pide al visitante que se retire ya que solo dan información cuando se trata del adicto o sus padres, a nadie más se le puede decir cómo funciona el centro o su terapia. 

Operan en la clandestinidad

Estos dos anexos forman parte de los 40 que la Secretaría de Salud tiene identificados como aquellos que operan en la clandestinidad, y que en los últimos años han presentado diversas situaciones de maltrato o abuso a los internos. 

Hace unas semanas, en el anexo Morir para Vivir falleció uno de los internos a causa del contagio por Covid-19; a pesar de que el anexo fue clausurado, días después ya operaba con normalidad. 

Este centro se encontraba sobre la calle Prolongación Unión en la colonia Ojo de Agua; en septiembre fue clausurado por las constantes riñas que se presentaban dentro de las instalaciones, el encargado decidió cambiarlo de lugar a la colonia Bellavista. 

En el anexo Fundación Jóvenes Saltillo, dos personas fueron detenidas en junio, luego de que una jovencita denunció haber sido víctima de violación sexual por parte del encargado del anexo, identificado como Hipólito Vázquez. 

A pesar de que el caso llegó a los juzgados penales, el hombre obtuvo su libertad por falta de pruebas y el centro continúa operando sin ninguna restricción; los vecinos del sector mencionaron que el centro es conocido por los actos de tortura que sufren los internos.