La clave para salir de la crisis y no repetirla consiste en ejercer el poder con honradez y austeridad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores, en particular a los 15 que ganaron el 6 de junio. “Muchísimo (dinero) se iba por el caño de la corrupción, más de lo que se imaginan”. “Los rateros se molestan mucho, están enfurecidos, pero a nosotros (la fórmula) nos ha ayudado a enfrentar la crisis”. De haber mantenido el tren de gasto, advirtió, “estaríamos en ruina (…), contratando deuda (…) con intereses altísimos, sin liquidez, ¿cómo íbamos a comprar las vacunas?”.

López Obrador pidió a los gobernadores denunciar ante las fiscalías estatales las irregularidades de sus antecesores, dejar constancia; de lo contrario “es lo mismo”. Los que están por terminar (entre ellos ocho del PRI y un independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco”), señaló, posiblemente recibieron deuda con bancos y proveedores, “hubo desfalco, (pero) no dijeron nada, lo asumieron (…) parte de la crisis actual se viene arrastrando de tiempo atrás”. En el caso de Coahuila, desde la Administración de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Sin embargo, encomendar la tarea a las fiscalías, que deberían ser piedra angular de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), equivale a dejar la Iglesia en manos de Lutero. Los sistemas fueron diseñados por los gobiernos precedentes, no para destapar cloacas, sino como tapaderas. Esa es la razón por la cual ya prescribió la mayoría de las denuncias por la megadeuda de 40 mil millones de pesos contratada ilícitamente en el sexenio de Humberto Moreira, cuya autoría material e intelectual la atribuye el analista Federico Berrueto a su hermano y sucesor, Rubén. Las acusaciones vigentes siguen la misma ruta, tampoco se investigan. Denunciar delitos de corrupción ante fiscalías cómplices e inoperantes, como aconseja AMLO, es garantía de impunidad.

El Presidente reveló en la mañanera del 16 de agosto —en un ejercicio “autocrítico”— que la Secretaría de Hacienda aconsejó modificar la Ley de Disciplina Financiera (LDF), aprobada en 2018 para evitar que los estados y municipios se endeudaran más con obligaciones a corto plazo. Forzados por la circunstancia “(los gobernadores) agarraron participaciones para pagar créditos (…) y se quedaron sin recursos para (…) las nóminas en algunos casos”. Esta es una de las causas de la crisis financiera en los estados, dijo. No precisó si la recomendación de quitarle candados a la LDF la hizo Carlos Urzúa o Arturo Herrera, pero en cualquier caso la rechazó, porque, al final, los “arreglos que se llevan a cabo arriba” perjudican a los estados.

Estos temas deben ventilarse, aunque molesten, para evitar repeticiones, declaró a los periodistas. Si la corrupción no se destierra, “no habrá salida”. Puso como ejemplo a Dinamarca, una Monarquía Constitucional cuya primera ministra, Mette Frederiksen, preside el Partido Socialdemócrata. En la tierra de los daneses “no hay pobreza, no hay inseguridad, pero no hay corrupción”. AMLO recordó una charla con una mujer de ese país: “Le explicaba y no entendía, porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público, ni empresarios ni funcionarios. Allá los funcionarios en bicicleta, ¿y aquí cómo era? Caravanas de carros blindados, aviones privados, oficinas lujosísimas, helicópteros hasta para ir a jugar golf”. La fórmula, insiste a los gobernadores, “es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos”.