Zacatecas.- La denuncia pública que hizo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respecto a que desde el estado de Zacatecas “alguien” orquestó el traslado ilegal de los cadáveres de seis personas que originalmente fueron ejecutadas en el municipio de Pinos —presuntamente por un grupo de la delincuencia organizada—, y al día siguiente “aparecieron” amontonadas en un predio del municipio limítrofe jalisciense de Ojuelos, de comprobarse, implica una grave violación a la ley, tipificada en el Código Penal Federal.

Denunció lo anterior en entrevista con este diario el abogado Iván Casas Figueroa, ex subdelegado de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas y ex coordinador General de Fiscales, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El señalamiento del gobernador jalisciense sobre esta acción ilícita del traslado de cadáveres de personas ejecutadas del territorio zacatecano al jalisciense “ya lo han hecho en otras ocasiones” es un señalamiento muy grave, que planteó Casas Figueroa, deberá atraer e investigar la Fiscalía General de la República.

Con la agravante de que, previamente, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del Gobierno de Zacatecas, declaró el primer día que en redes sociales habitantes de Pinos denunciaron que seis personas estaban asesinadas sobre una carretera local, el funcionario de David Monreal Ávila, aseguró que había enviado a verificar los hechos a policías estatales, pero “solo encontraron regadas unas bolsas de basura”. Pero ya circulaban en redes sociales los videos y fotografías del multihomicidio.

Casas Figueroa, quien apenas en el año dos mil veintitrés fue candidato formal en la legislatura de Zacatecas, para sustituir al fiscal local Francisco Murillo Ruiseco, quien renunció al cargo, explicó que está claramente tipificado en el Código Penal Federal, que sobre quienes podrían estar involucrados en el hecho —no se descarta que hubieran sido policías estatales—, en el artículo 280 del citado ordenamiento se estipula que “se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de una persona no identificada”.

Asimismo, recordó el abogado penalista, en esta administración del gobierno de David Monreal Ávila, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también ha denunciado la misma práctica ilícita desde el vecino Zacatecas.

Sobre las declaraciones y acusaciones cruzadas de los gobernantes de Jalisco y Zacatecas, apuntó además el penalista Casas Figueroa “pareciera que los gobiernos de Lemus y Monreal se están haciendo las víctimas. Lo cierto es que los gobiernos estatales no tienen confianza entre sí. Se dan patadas por debajo de la mesa”.

“ Recordemos que recientemente la fiscal de San Luis Potosí señaló algo parecido, que a una madre buscadora la habían privado de la vida en Zacatecas”, y fue localizada torturada y muerta en un municipio potosino.  

Fue el pasado viernes veintinueve de agosto, cuando María Manuela García Cázares, fiscal potosina, desmintió a Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del Gobierno de Zacatecas, quien había informado antes que nadie la localización de la señora Aída Karina Juárez Jacobo, una madre buscadora zacatecana, cuyo cuerpo se informó en Zacatecas, fue encontrado en el municipio de Villa de Ramos.