Lo que comenzó como una demanda y una inconformidad aislada e individual de algunos gobernadores que se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos y partidas de la Federación, ha comenzado a tomar forma de una demanda conjunta que impulsan varias entidades federativas. Los mandatarios estatales, en principio 9 de los 10 del PAN, ya no solo se quejan de que el centro no reparte equitativamente los recursos federales, sino que trabajan en nuevas propuestas para modificar el Convenio de Coordinación Fiscal entre las 32 entidades y el Gobierno federal, que data de 1947, y que hoy consideran “injusto e inequitativo”.

Tal parece que el control presupuestal férreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto a las entidades ha empezado a hacer crisis ante las denuncias y las quejas, sobre todo de gobernadores de la oposición que no están de acuerdo con lo que consideran un “manejo político del presupuesto” en el que el Gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones.

Fueron precisamente gobernadores panistas los que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, comenzaron a hablar públicamente de un “trato injusto”.

“Hay un decremento de las participaciones y las aportaciones federales, porque aunque nominalmente se habla de incrementos, cuando calculamos el costo de la inflación (3.5%) en términos reales perdemos participaciones en relación al año anterior”, dijo el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 13 de septiembre, antes de la aprobación del PEF. “La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal”, dijo Corral, quien la semana pasada, tras la aprobación del presupuesto, reiteró su invitación a que “los estados que podamos hacerlo en función de nuestro PIB y nuestras capacidades productivas, descoordinarnos de la Federación”.

Otros gobernadores, como el de Guanajuato, Diego Sinhué, también panista, secundó la propuesta de Corral. “El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, 8 mil los pone el gobierno federal, 5 mil millones le pone el Estado; en caso de que el Gobierno federal no quisiera darnos esos 8 mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto federal”.

También el Mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, no descartó abandonar el Pacto Fiscal federal debido al recorte que sufrió su entidad para 2020 y comentó la posibilidad de que los impuestos recaudados en el estado ya no se vayan a la Federación.

Pero no solo los panistas encabezan esta propuesta, también en Coahuila, el gobernador priista, Miguel Riquelme Solís, llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses “a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad”.

Se ve que esta vez va en serio la exigencia de los estados y sus gobernadores por modificar las reglas y el reparto de los recursos en la República federal. Veremos cómo toma y procesa el presidente López Obrador y su 4T la intención de modificar sus facultades y la enorme concentración que hoy tiene el Gobierno central en materia de reparto, administración y ejercicio del gasto público, y cuántos gobernadores se animan a sumarse a un movimiento que, aclaran los estados, “no es separatismo, pero sí una exigencia de equidad fiscal”, al señalar que no pretenden desconocer el Pacto Federal ni separarse de la República, pero sí exigir que se les den más recursos y capacidades fiscales y que se acabe el trato centralista y político del presupuesto.