En el afán de fortalecer su proyecto del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) arrancado en medio de tropiezos, fuertes críticas y evidentes deficiencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó el jueves una advertencia –quizá sería mejor calificarla de amenaza– a los gobernadores que se nieguen a adherirse al Instituto. Quienes se muestren renuentes, agregó, “no tendrán recursos de los 40 mil millones de pesos adicionales para el sector salud”.

Así, el primer Mandatario utiliza como arma el presupuesto federal, lo cual, véase desde donde se vea, es una muestra sin máscara y sin velos de una brutal centralización del poder que vulnera seriamente al sistema federal y la soberanía de los estados.

Por principio de cuentas, fue el Ejecutivo nacional que sin consenso de los gobernadores puso en marcha el cuestionado Instituto, que de entrada, requirió una amputación de los presupuestos aplicable al desaparecido Seguro Popular, del cual hasta el 31 de diciembre anterior gozaban las entidades federativas.

Encima de eso, López Obrador dispone del presupuesto federal, proveniente de impuestos recaudados en todas y cada una de las 32 entidades federativas del país, como si se tratara de la caja chica de la Presidencia. Estamos ante un nuevo golpe al ya de por sí endeble sistema federal, que adoptó México para gobernarse desde la Constitución de 1824. Es decir, hace la friolera de 216 años.

Avanzó un tramo más la galopante centralización del país a partir del nuevo Gobierno, cuyo último golpe ha sido la amenaza –él la llamó “advertencia”– presidencial a los gobernadores que no se adhieran al Insabi o, en otras palabras, a los mandamientos presidenciales.

Desde una perspectiva histórica esto resulta más que paradójico: incongruente. Recordemos que en la pugna política que dominó buena parte del siglo 19, fueron los conservadores, a quienes tanto dice odiar el Presidente, los que pugnaron por el restablecimiento de un régimen centralista. Pues bien, esos odiados conservadores lograron temporalmente restablecer el centralismo durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna.

Fue él quien abrogó la Constitución y la sustituyó por las llamadas Siete Leyes e instauró el centralismo. Los resultados de la idea de Santa Anna fueron catastróficos: los habitantes de Texas se rebelaron, declarándose defensores del federalismo, y acabaron por amputar a la República ese extenso territorio.

Las subsecuentes tragedias nacionales fueron producto de lo que podríamos llamar un “efecto dominó”. Los tejanos fundaron su República, la de la estrella solitaria, y una década después de la separación de México decidieron unirse a Estados Unidos de Norteamérica, detonante de una guerra que al final de cuentas costó al país miles de muertos y la mitad de su territorio.

La historia no está obligada a repetirse. Es obvio que las condiciones y las circunstancias son hoy muy distintas a las que privaban a la mitad del siglo 19. Sin embargo, el presidente López Obrador, quien tanto gusta de hacer citas históricas, debería dar una releída a los capítulos dedicados a la Presidencia de Santa Anna, la segregación de Texas y la invasión norteamericana, cuando menos para dejar de vituperar a los despreciados conservadores, cuando él copia tan al pie de la letra los métodos que ellos utilizaron con funestísimos resultados.

Bien dicen que en política los extremos se tocan.