Con el debate de la sobrevivencia del INAI y las instancias autónomas en el país, se abrió la “caja de pandora”. Surgieron preguntas sobre la relevancia de estas oficinas y su aporte a la democracia en el país, pero también respecto a si en verdad son contrapesos que requieren los gobiernos emanados del partido que fuera.

Aunque desde las opiniones de organizaciones, académicos y algunas muy veladas voces de la iniciativa privada, pareciera que se cuestiona, más que defender la permanencia de órganos garantes, tribunales, organismos defensores de derechos humanos, de las mujeres y niños, a nivel federal y en los estados de la República.

Para muchos esto es porque hay quienes desean que los avances en esta materia se echen por la borda. Que se retroceda de un tris, en los procesos de vigilancia, participación y observancia ciudadana, en lo poco o mucho que se ha avanzado.

Una buena parte de las opiniones llevan ese ingrediente. Como querer que no exista una oficina que obligue a los que administran el dinero público a decir en qué y cómo lo gastan. Como pedir que los colegiados jurisdiccionales desaparezcan de un plumazo y dejen de defender a quienes demandan justicia. Es como decir que el Gobierno vuelva a organizar las elecciones o pedir que ni periodistas, ciudadanos, activistas o académicos opinen con datos obtenidos vía transparencia, sobre las decisiones –buenas o malas– que toman las autoridades ¿se imagina?

La discusión no ha terminado, pero parece prosperar. Aún con la crítica del CIDE, de los colegiados anticorrupción, agrupaciones civiles, o del propio Eduardo Bohórquez que han cuestionado la iniciativa del Presidente. Creo que será insuficiente para sensibilizar a la mayoría en el Congreso federal y evitar ir para atrás en derechos y garantías ya ganadas.

Pero y en Coahuila, en los estados, ¿quién ha salido en defensa de las instancias autónomas? Pocos, quizá nadie.

Hay que ver más allá. Como periodista he tenido que inconformarme por respuestas negativas a solicitudes de transparencia. Y he obtenido datos que han puesto de manifiesto supuestas irregularidades de la autoridad gracias a una petición vía ICAI. Profesores, autoridades judiciales, agencias del MP incluso, piden información o documentos a través del órgano garante. Hay que reflexionar sobre el tema y ¿por qué no? revisar –como se ha dicho– pros y contras, atribuciones o resultados.