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| Héctor Manuel Garza Martínez, Director de Grupo Ónix y representante legal de acreedores de AHMSA.

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‘Hay condiciones y plazos específicos’

  Por Milton Malacara

Publicado el jueves, 8 de enero del 2026 a las 04:06


El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), ha entrado en una fase de vigilancia crítica.

Monclova, Coah.- El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), ha entrado en una fase de vigilancia crítica tras la reciente determinación del Juzgado de Concurso Mercantil, ante esto, Héctor Manuel Garza Martínez, director de Grupo Ónix y representante legal de un importante bloque de acreedores, advirtió que, si bien la subasta programada para el 30 de enero no ha sido formalmente cancelada, su viabilidad jurídica pende de un hilo debido a los nuevos plazos impuestos al Síndico.

La autoridad judicial otorgó una prórroga de 30 días naturales al Síndico para reorganizar el procedimiento de venta, una medida que Garza Martínez interpreta como un intento por blindar el proceso, pero que también refleja las omisiones previas en la gestión del concurso.

Según el representante legal, esta extensión no es un “cheque en blanco”, sino un requerimiento bajo estricta vigilancia que incluye sanciones económicas directas en caso de incumplimiento.

“Es fundamental entender que esta prórroga no es un trámite automático; el Juzgado ha sido enfático en que existen condiciones y plazos específicos que el Síndico debe acatar para evitar la improvisación”, señaló Garza Martínez.

El abogado destacó que el Síndico tiene apenas tres días para presentar un calendario detallado que sustituya al anterior, además de la obligación de exhibir bases de subasta que garanticen un “piso parejo” para todos los interesados.

Uno de los puntos de mayor fricción es la determinación de los créditos laborales preferentes y la intervención de la Profedet.

Para el director de Grupo Ónix, este factor no debería ser una limitante para avanzar con la fecha establecida.

“Consideramos que el silencio de la Profedet respecto a los créditos laborales no resulta un obstáculo técnico suficiente para postergar la audiencia del 30 de enero; la certeza jurídica se construye con acciones proactivas, no esperando respuestas que dilaten aún más la agonía económica de la región”, afirmó.

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