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¿Huachicol fiscal?, ¿o huachicol ‘judicial’ por las carreteras de Coahuila?

Por Luis Carlos Plata

Hace 4 semanas

A simple vista pareciera una nota policiaca como tantas otras que diariamente se reportan en los medios de comunicación: dos pipas detenidas por la Guardia Nacional el 4 de mayo en la carretera 57, a la altura de Arteaga, por transportar combustible sin una procedencia lícita comprobable; como consecuencia, los dos choferes de los transportes fueron detenidos y los vehículos (cargados cada uno con 67 mil litros) asegurados por la Fiscalía General de la República, ya que se trata de un delito federal (posesión ilegal de hidrocarburos).

Hasta ahí la noticia no tendría mayor relevancia -salvo por la importante cantidad confiscada- de no ser porque la razón social que figura como propietaria de los tractocamiones, Combustibles Trazzo, S.A. de C.V., creada en septiembre de 2017 y domiciliada en Naucalpan, Estado de México, entraña una conexión de socios y representantes legales que conduce hacia una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

Tampoco es un prejuicio afirmar que la mayoría de los ilícitos fiscales en el país se cometen con domicilios en el Estado de México. Incluso el Servicio de Administración Tributaria ubica la entidad entre las cinco principales del país donde empresas facturan operaciones simuladas.

Pero vayamos al grano. En el kilómetro 12 de la vía federal se desplazaban las pipas en caravana con dirección a Matehuala. Al llegar a la caseta de cobro en Ojo Caliente-Puerto México, elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto para cuestionar su procedencia. Luego de mostrar nerviosismo sus conductores -de acuerdo con la crónica del reportero Augusto Rodríguez para Zócalo y Tele Saltillo-, no poder acreditar el origen del combustible ni mostrar documentación correspondiente (sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores), fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público federal.

Ahora bien, pese a que la persona moral Combustibles Trazzo, S.A. de C.V. fue creada en Naucalpan el 18 de septiembre de 2017, como consta en el instrumento 28,422 de la Notaría 1, tiene sede en el ejido Higueras, de Ramos Arizpe, en el límite entre Coahuila y Nuevo León.

El socio mayoritario al 95% de las acciones es Carlos Peña Uribe, y el restante 5% pertenece a Mario Hernández Sánchez. El 28 de mayo de 2020 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó un permiso de comercialización de petrolíferos.

A su vez existe una compañía espejo denominada Hidrocarburos Trazzo, S.A. de C.V. (creada 21 días antes de Combustibles Trazzo, el 28 de agosto de 2017, de igual forma en Naucalpan), donde también Carlos Peña Uribe funge como propietario al 95%, y Samuel García Lira aparece con el 5% sobrante.

No obstante ahí no termina el negocio, por el contrario, es trasnacional a través de International Trazzo Group LLC, sociedad activa desde el 25 de febrero de 2020 en Hallandale Beach, Florida. Su número de registro es el 20000062080 y en ella el mismo Carlos Peña Uribe se asocia con Raúl Sergio Tijerina Elizondo, quien a su vez es propietario de Comercializadora Dinagas, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que agrupa otras empresas como TSD de México y Consorcio Jebla.

¿Y entonces qué hacían en el lugar donde fueron detenidas las pipas, a 840 kilómetros de distancia de Naucalpan, sitio donde fue constituida la sociedad?, es la pregunta.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, en ese punto el 4 de marzo de 2020 elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina “aparentemente utilizada para la sustracción de combustible”, a la altura del kilómetro 005+900 del camino nacional Puerto México-Ojo Caliente.

“De dicho tramo recorrieron alrededor de 400 metros sobre un camino de terracería hasta llegar a un lugar abierto, el cual permitía ubicar una excavación con una tubería que tenía conectada una válvula y una manguera, presumiblemente utilizada para la extracción de hidrocarburo”.

Al respecto son comunes las detenciones en el municipio de la Región Sureste de Coahuila. Ruta para el trasiego. Previamente por ejemplo, el 2 de abril, fue asegurada otra pipa con 63 mil litros de huachicol, también en Ramos Arizpe, con nomenclatura de Transportes Especiales Mosho, S.A. de C.V., compañía constituida en 2019 y propiedad de Eric Alvarado Bednar, exalcalde y transportista de Ahuazotepec, Puebla.

Hasta aquí el asunto pareciese no tener más materia periodística, sin embargo la intervención de abogados autorizados notarialmente como representantes de Combustibles Trazzo, da un giro interesante al caso.

Se trata del neoleonés Gilberto César Almaguer Hernández y el saltillense Jesús Antonio Morales Macías. El primero de ellos es administrador de otros negocios relacionados con los combustibles en Saltillo: Servicio Lomas de Lourdes, S.A. de C.V. (de él mismo y Héctor Manuel Hinojosa Martin), Gas La Encantada, S.A. de C.V. (también suyo en colaboración con Armando Javier Delgado Zarzosa y Rosalba Deborah Ruiz Martínez), y Servicio Maquinita, S.A. de C.V. (perteneciente a Julio César Benavides Gómez y Norma de la Peña Valdez). Asimismo, es apoderado de Servicio 5 Manantiales, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Zaragoza, Coahuila, de Rafael y Agustín Serna Sánchez.

Por su parte, Jesús Antonio Morales Macías, el otro representante de Combustibles Trazzo, ha participado como asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Saltillo en 2018, y es cónyuge de la magistrada desde 2020, y presidenta desde 2021 de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, María Eugenia Galindo Hernández.

Ahí llegan los tentáculos.

Cortita y al pie
El pasado 18 de marzo, a propósito del aniversario de la expropiación petrolera, la Coparmex difundió un comunicado acerca del “huachicol fiscal”, es decir, la actividad ilícita que realizan personas físicas y morales al evadir el pago de impuestos en la importación de combustibles y vender productos a precios por debajo del mercado.

“Lamentablemente cada vez son más las empresas, estaciones de servicio y usuarios finales que deciden comprar combustible ilegal por sus precios bajos. Prácticas que siguen sin ser atendidas”.

La última y nos vamos
Por lo demás, ¿por las carreteras del estado el huachicol fiscal tiene protección judicial?

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