Monclova, Coah.- Para Juan Ervey Valenzuela de la Torre, ex obrero sindicalizado de la Planta Uno de Altos Hornos de México (AHMSA), el reciente llamado a elecciones internas en la Sección 147 carece de toda base legal, pues ocurre en un contexto donde el sindicato ha perdido su operatividad real ante la quiebra de la siderúrgica.

El representante de los trabajadores que mantienen el bloqueo en la Puerta 3 de la acerera, sostuvo que la convocatoria para renovar el bloque A de la mesa directiva es un ejercicio vacío de legitimidad, argumentando que bajo la parálisis actual de la empresa, los estatutos sindicales carecen de vigencia práctica.

Según Valenzuela de la Torre, la condición actual de la plantilla es, de facto, la de ex trabajadores, lo que invalida cualquier intento de reestructuración de mandos bajo las normas de un centro de trabajo que ya no funciona.

“Estamos ante un proceso que ignora por completo la realidad jurídica y laboral que enfrentamos; sin una empresa activa, la estructura sindical pierde su razón de ser y su sustento legal”, afirmó.

Valenzuela, señaló que, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cualquier proceso de representación debe apegarse a normativas que hoy son imposibles de cumplir, especialmente cuando el sindicato ha acumulado más de tres años sin celebrar las asambleas informativas obligatorias que mandan sus propios estatutos.

Dijo que la falta de transparencia en la documentación difundida es otro de los puntos críticos señalados por el ex obrero, quien detectó irregularidades en la formalidad del llamado a las urnas.

“Circulan papeles con sellos, pero sin firmas oficiales; es una falta de seriedad que sólo alimenta la incertidumbre entre los compañeros”, denunció.

Quieren imponer candidatos

Valenzuela de la Torre, advirtió que el intento de renovar carteras clave, como la Secretaría General y el Consejo de Vigilancia, parece más un movimiento para imponer candidatos previamente seleccionados que un ejercicio democrático real.

Para el sindicalista, estas acciones representan una violación directa a las obligaciones de representación, ya que se pretende ejercer un control administrativo sobre una base trabajadora que ha sido abandonada durante los años más agudos de la crisis de AHMSA.