Monclova, Coah.- Trabajadores del bloqueo de la Puerta 3 rechazan sobornos de la compañía Bravo Montacargas para permitir el saqueo de maquinaria de la empresa, denunció de manera directa Juan Ervey Valenzuela de la Torre, vocero de los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) que mantienen el plantón en dicho acceso.

El portavoz reveló que representantes legales de la compañía Bravo Montacargas intentaron corromper la resistencia ofreciendo fuertes sumas de dinero en efectivo, despensas y recursos logísticos para el movimiento a cambio de liberar un bulldozer valuado en 20 millones de dólares, una oferta que fue rechazada de inmediato para salvaguardar los activos de la siderúrgica.

‘No está en venta la dignidad de las familias’

Valenzuela de la Torre, enfatizó que la dignidad de las miles de familias afectadas por la quiebra de la empresa no está en venta y que permitir la salida de ese equipo pesado sentaría un precedente desastroso.

Explicó que si ceden ante las presiones de un proveedor, el resto de los acreedores comenzará un desmantelamiento hormiga de la planta, destruyendo cualquier posibilidad real de reactivación industrial y dejándolos definitivamente sin activos que garanticen el pago de sus finiquitos y salarios caídos tras casi cuatro años de conflicto.

“Nos ofrecieron dinero, agua, despensas y lo que quisiéramos poner como condición con tal de que los dejáramos sacar el montacargas. Intentaron aprovecharse de la necesidad de los compañeros, pero aquí no nos vendemos. Ese equipo se queda adentro porque representa la única garantía de que algún día cobraremos lo que por ley nos corresponde”, afirmó.

Asimismo, desmintió de manera contundente las declaraciones de Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico del proceso de quiebra, a quien acusan de mentir al asegurar que acudió personalmente a ejecutar una orden judicial para la entrega de la maquinaria.

Valenzuela de la Torre, aclaró que el síndico jamás se presentó en los accesos y que únicamente se ha dedicado a enviar a los proveedores a negociar de manera irregular y sin el debido acompañamiento de las autoridades federales competentes.

Ante la posibilidad de que se intente usar la fuerza pública para retirar la maquinaria pesada, los manifestantes advirtieron sobre el riesgo inminente de un conflicto civil en la región.

De la Torre, dijo que él ya enfrenta cuatro carpetas de investigación judicial en su contra por defender las instalaciones, pero que se mantiene firme en defender los intereses de él y sus compañeros por lo que reiteró su llamado de auxilio a la Presidenta de la República y a la jueza encargada del concurso mercantil para que intervengan antes de que la crisis escale a un escenario de violencia.