Por: César Adrián Oyervides

En días pasados, la Presidencia de la República, a través de su titular, presentó la iniciativa de reforma en materia eléctrica, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados, en pleno ejercicio de su derecho establecido en el Artículo 71 Constitucional. Según dicha presentación, la intención es ofrecer costos justos del servicio, sin más incrementos en su precio que el que corresponde a la inflación; con lo cual se busca apoyar la economía popular y fortalecer empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La CFE actualmente es una empresa del Gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para todos sus clientes, según el Gobierno de México. En ese sentido, una de las principales medidas de la propuesta es que esta empresa genere 54% de la electricidad y el restante (46%) se conserve para empresas particulares.

Con esta propuesta, se pretende dotar al organismo encargado de la seguridad eléctrica en el país, de personalidad jurídica propia y de facultades para administrar estos servicios, desapareciendo así las filiales o subsidiarias. Así, la nueva redacción del Artículo 25 Constitucional establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, para garantizar la seguridad nacional y una vida digna.

No obstante, son varias las interrogantes que subsisten en el terreno político, económico y de las finanzas públicas en nuestro país. Por ejemplo, se busca eliminar la figura de los contratos legados que se tienen, por ejemplo, con empresas como Cemex, Pemex, General Motors, Walmart, Cementos Apasco, Kimberly Clark, Liverpool y grupos como Oxxo, Movistar, Grupo Salinas, HSBC, Cinemex, Chedraui, Sanborns, Sears, Tecnológico de Monterrey, entre otros. Aunado a ello, se prevé la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía que auxilian a la CFE. Lo anterior, de acuerdo con el IMEF, atenta contra la competencia e inhibe la productividad del sector.

Por otra parte, hay un marco regulatorio insuficiente para la administración del servicio en nuestro país, en los términos en que se plantean en la propuesta y que garantice la soberanía eléctrica en el Estado mexicano. Ante este panorama, algunas cámaras empresariales, como Coparmex, se han pronunciado en contra de la iniciativa al considerar que esta tendrá efectos contrarios a los buscados, principalmente por el aumento en los costos de la electricidad, lo cual desencadenará un aumento en costos de otros bienes y servicios con afectación directa a la población, así como el incremento de la partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la CFE.

Al respecto, el IMEF ya contempla posibles riesgos ante esta nueva reforma eléctrica del Presidente de la República, que sin duda, deben ser contemplados en su aprobación y para poder conocer a fondo sus implicaciones.