POR: JORGE VOLPI

La idea central de la democracia consiste en que los ciudadanos escojan a sus gobernantes. Pero hoy, acaso más que nunca, la pregunta es: ¿y cómo los eligen? Es decir: ¿con qué criterios? Más aún: ¿a partir de qué información? Es allí donde entramos en una zona inquietante: no sólo qué sabemos de los candidatos en liza, sino cómo se forjan nuestras convicciones políticas.

Este parecería ser el lado más endeble de esta forma de Gobierno, sobre todo en una era de fake news e IA: si los ciudadanos no cuentan con datos verificables ni sobre el estado de la nación ni sobre los políticos que serán votados, ¿cómo podrían hacer una elección racional? ¿O, como han señalado numerosos neurocientíficos, a fin de cuentas el voto acaba siempre siendo emocional, y por tanto desligado de los hechos?

En un momento en el que han sido electos de forma democrática tantos líderes que buscan minar de un modo u otro las reglas de la democracia –en un arco que va de Chávez a Trump, de Bukele a Milei, de Bolsonaro a Noboa, pero que también incluye, con su desmantelamiento del Poder Judicial, a López Obrador o Sheinbaum–, ¿es posible conseguir que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para impedir la destrucción del sistema que les permite sufragar?

La inquietud es, sin duda, legítima. El problema es que cualquier intento de filtrar o controlar la información que reciben los ciudadanos, y a partir de la cual deciden su voto, resulta tan perjudicial para la democracia como el mal que intenta erradicar.

Nos hallamos ante una contradicción estructural que bordea la neurosis lacaniana: cualquier esfuerzo por proteger a la democracia de las personas que la hacen posible –sin importar sus ideas, por perjudiciales que sean para el modelo mismo– redunda en un ataque a la democracia.

Es comprensible que, ante la epidemia de políticos autoritarios de ultraderecha que han conseguido la victoria en sus países, el Gobierno de Sheinbaum haya querido vacunarse. Sólo que, al arrogarse la facultad de decidir qué es información y qué es opinión –una tarea que requeriría un esfuerzo inaudito de verificación de datos–, o de sancionar la difusión de “información falsa o descontextualizada”, quiso imponer el mismo tipo de medidas antidemocráticas que ellos adoptan.

Hoy, cuando tantos insisten en que sólo existen las narrativas y no los hechos, deberíamos recalcar que la terca realidad está allí y, si bien no nos queda sino tramar relatos a partir de ella, desdeñar los datos que esta nos proporciona no equivale a la ficción, sino a la mentira.

El proceso exige la pausada y valiente tarea colectiva de confrontar los datos con sus interpretaciones –la información con la opinión– y ninguna autoridad debería tener el privilegio de decidirlo de un plumazo.

Sin duda, cuando incontables medios de comunicación han dejado de hacer esta tarea para convertirse en meros instrumentos de propaganda al servicio de una u otra ideología –o, peor aún, cuando las redes sociales se hallan diseñadas para privilegiar el conflicto sobre la verdad–, los ciudadanos necesitan al menos una serie de instrumentos mínimos para defenderse de la mentira o la manipulación.

En este sentido, tanto los códigos de ética como los defensores de las audiencias son indispensables –al igual que sólidos departamentos de fact-checking, de los que carecen casi todos los medios del país–, aunque por desgracia no es tanto en los medios tradicionales que ya disponen de ellos donde se fraguan más conspiraciones, bulos y deep-fakes, sino en esas insaciables empresas trasnacionales a las que irresponsablemente hemos entregado el control de nuestra vida pública.

El esfuerzo de Sheinbaum por protegerse de campañas como las que han llevado a la Presidencia a Kast, De la Espriella o Asfura sólo podía terminar emparentándola con ellos. Paradójicamente, el retroceso de su iniciativa es una buena noticia para la democracia, por más que siga quedando desprotegida frente a ciudadanos dispuestos a votar una y otra vez justo por quienes están decididos a destruirla.