En estados industriales como Coahuila, la ausencia de reparto de utilidades (PTU) raramente responde a pérdidas operativas reales. Cuando las grandes armadoras sustituyen este derecho por bonos mínimos, el comercio local pierde su principal inyección de efectivo, provocando una contracción económica con consecuencias devastadoras para el tejido productivo regional.

Para miles de familias, las utilidades no son un excedente, sino un activo presupuestado para liquidar deudas o cubrir gastos estacionales. La decisión corporativa de sustituir el reparto por bonos simbólicos desarticula la planeación financiera de los trabajadores, golpeando directamente el motor del consumo interno.

La raíz del problema es técnica y profunda. Grandes grupos empresariales emplean esquemas de precios de transferencia y consolidación fiscal agresiva para trasladar sus ganancias hacia jurisdicciones con menores impuestos o declarar pérdidas contables en sus unidades locales. En el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, estas prácticas permiten a las transnacionales optimizar sus balances globales mientras erosionan la rentabilidad fiscal reportada en México. Al manipular los costos internos por servicios corporativos o insumos intercompanía, las empresas reducen artificialmente la base gravable y, por extensión, el reparto de utilidades.

Ante este panorama, la autoridad hacendaria debe realizar auditorías específicas sobre la determinación de la base gravable de la PTU. Sin una fiscalización estricta que desmitifique las “pérdidas” contables de las grandes firmas, la ingeniería fiscal terminará por desbordar en un conflicto social innecesario.

El pequeño empresario local, que proyecta sus ventas basándose en esta derrama, enfrenta una parálisis inevitable. Sin el efectivo circulante, el comercio de barrio pierde su fuente principal de ingresos. La falta de utilidades no es sólo un tema laboral, representa una contracción violenta del mercado interno.

Ciertamente, el reparto de utilidades exige rentabilidad real. Las empresas no deben subsidiar sueldos cuando los números rojos prevalecen. No obstante, la brecha técnica entre la “pérdida contable” y el flujo de caja real constituye un punto de fricción que exige intervención regulatoria estricta.

Debemos transitar hacia esquemas de compensación más estables, menos dependientes de la volatilidad contable anual. Si el reparto de utilidades pierde su función social, el sector privado requiere rediseñar su oferta de valor antes de que la asfixia del mercad