La masacre ocurrida en las favelas en Río de Janeiro, donde han muerto más de 130 personas, es un recordatorio de las dificultades que enfrentan gobiernos democráticamente electos, que en teoría deberían de tener un arsenal de opciones antes de usar la violencia. Pero la realidad es que probablemente la COP30 que se celebrará en Belém, en la Amazonía, tenía la atención internacional con la llegada de miles de delegados internacionales, jefes de Estado y prensa mundial enfocado en Río de donde se concentran delegaciones, vuelos internacionales y eventos paralelos.

Este tipo de operaciones profundiza la desconfianza entre el Estado y sectores que ya vivían una relación fracturada con las instituciones. La respuesta internacional —llamados a investigar por parte de organismos de derechos humanos y preocupaciones expresadas por la ONU— no es solo retórica diplomática; anuncia potenciales consecuencias jurídicas y reputacionales que podrían traducirse en sanciones, investigaciones internacionales y pérdida de legitimidad política doméstica.

Para México, el episodio debe leerse como una advertencia. En menos de un año del Mundial de la FIFA y con un clima social tenso, la eventual intensificación de protestas y la explotación política de la inseguridad por parte de actores estatales y no estatales aumentan el riesgo de episodios de extrema violencia y protestas.

La Presidenta deberá evitar caer en la tentación de respuestas, a corto plazo, puedan exhibir resultados simbólicos para sobrellevar la atención internacional a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo erosiona la cohesión social y la confianza institucional.

Este paralelismo puede servirle para advertir sobre los riesgos que enfrentará México en el próximo año, cuando la presión de protestas sociales y crimen organizado coincida con la atención internacional por el Mundial de la FIFA.

Hay que recordar que, en la antesala de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, el país fue sacudido por un vigoroso movimiento estudiantil que exigía libertades democráticas, el fin de la represión y mayor apertura política.

Jóvenes del IPN y la UNAM, junto con profesores, obreros y sectores populares, organizaron marchas y paros que se extendieron por todo el país. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz respondió con creciente violencia: primero con granaderos y luego con el Ejército, que ocupó planteles universitarios y reprimió manifestaciones.

La tensión alcanzó su punto máximo el 2 de octubre de 1968, cuando fuerzas militares y el Batallón Olimpia abrieron fuego contra miles de estudiantes reunidos en Tlatelolco, dejando un número incierto de muertos y cientos de heridos y detenidos. Ese episodio marcó para siempre la relación entre el Estado y la sociedad mexicana, y explica por qué la actual presidenta busca evitar que su gobierno sea asociado con imágenes de represión o violencia. Sin embargo, la permisividad durante la última marcha conmemorativa del 2 de octubre, donde casi un centenar de policías resultaron lesionados, refleja un extremo opuesto: la llamada “estrategia de manos caídas”, que los grupos violentos ya han aprendido a explotar.

En la antesala del Mundial de Futbol, protestas y movilizaciones serán inevitables. El reto no es contenerlas con fuerza, sino anticiparlas con inteligencia, identificar actores y evitar que movimientos legítimos —como colectivos de mujeres, familiares de desaparecidos o comunidades afectadas por el crimen y los desastres— sean rebasados por grupos que buscan la confrontación o el beneficio político.

También habrá quienes, desde el crimen organizado o la CNTE, recurran a la violencia para presionar al Gobierno. La verdadera prueba será mantener seguridad y gobernabilidad, no sólo durante el Mundial, sino como un proyecto sostenido de pacificación nacional.