Monclova, Coah.- Este martes será el inicio formal de la subasta pública de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), ya que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ha oficializado el calendario de este procedimiento.

La puja por AHMSA y Minosa, arranca en 1,326 millones de dólares, que fue el resultado de los avalúos que se realizaron.

La subasta estará iniciando hoy con la publicación de una convocatoria que incorpora los ajustes dictados por la autoridad judicial para la venta de los activos de la siderúrgica.

El cronograma establecido por el tribunal marca una ruta de alta velocidad durante el primer mes del año.

Tras la apertura del proceso, los inversionistas interesados disponen de un plazo que vence el 14 de enero, para formalizar su intención de compra mediante una carta oficial y una propuesta económica concreta por ambas compañías.

Inmediatamente después, la Sindicatura de la Quiebra a cargo de Víctor Manuel Aguilera Gómez, iniciará un análisis exhaustivo de los perfiles participantes los días 16, 17 y 18 de enero, para verificar que cumplan con las capacidades técnicas y legales necesarias.

La transparencia del proceso contempla un periodo de notificaciones y posibles impugnaciones que se extenderá entre el 19 y el 27 de enero. Durante estos días, los aspirantes conocerán si fueron precalificados y tendrán la oportunidad de presentar recursos legales en caso de desacuerdos con los fallos de la Sindicatura.

Fijan fecha límite para entregar garantías

Para garantizar la legitimidad de las ofertas, el 28 de enero ha sido fijado como la fecha límite para que los grupos económicos que logren avanzar entreguen sus garantías de seriedad y la documentación jurídica final.

El desenlace de esta operación financiera y legal tendrá lugar el viernes 30 de enero, en el auditorio de la sede del Poder Judicial de la Federación.

En dicho acto público se llevará a cabo la subasta definitiva entre los postores que hayan superado todos los filtros previos.

Este evento no sólo definirá la nueva propiedad de la empresa, sino que determinará el rumbo económico de las comunidades y los miles de trabajadores que dependen directamente de la actividad de la principal acería del Estado.