Nuevo Laredo, Tamaulipas – El juicio contra los militares implicados en la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo comenzará el 11 de mayo de 2026, a casi tres años de la masacre ocurrida el 18 de mayo de 2023. El proceso, que se llevará a cabo en Reynosa, ha desatado una ola de indignación entre los familiares de las víctimas.

Los allegados y sus abogados denuncian los múltiples obstáculos que han marcado el caso, en el que solo siete de los 16 militares inicialmente detenidos enfrentan cargos formales.

“Tres Años de Piedras en el Camino”

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de mayo de 2023, cuando cinco hombres fueron detenidos, torturados y ejecutados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un video filtrado desmintió la versión oficial de un enfrentamiento, mostrando la ejecución directa de los jóvenes.

El abogado de las familias, José Roberto Puente Martínez, expresó su frustración ante los constantes retrasos.

” Han sido tres años de piedras en el camino. Estuvimos un año y medio sin tres jueces, y solo uno podía atender el caso. Hoy, con una jueza nueva, seguimos enfrentando el mismo sistema que no nos ha permitido avanzar”, lamentó.

Clamor por Justicia: Piden Intervención Presidencial

En el sitio de la masacre, los familiares ofrecieron emotivos testimonios exigiendo una justicia que consideran negada.

Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de una de las víctimas, Alex Blucha Pérez, resumió la frustración por la tardanza y el supuesto trato preferencial a los acusados.

” Tres años esperando justicia, tres años de obstáculos. Ellos (los militares) siguen libres, mientras nuestros muertos no tienen voz. Ellos piden beneficios, ¿Y nosotros qué?”.

Inés Vega Romero, madre de José Isabel Rivera Vega, hizo un llamado directo a la jefa del Ejecutivo:

” Mi hijo no era un animal. Lo asesinaron, y yo vi el video donde le quitaron la vida. Pido justicia. Que la Presidenta se ponga en nuestros zapatos”.

El abogado Edgar Netro Acuña urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a intervenir para garantizar una justicia pronta y completa. Además, demandó que el juicio se realice en Nuevo Laredo, lugar de los hechos, para evitar los costos de traslado que deben asumir las familias de las víctimas.