El encarcelamiento de exfuncionarios, empresarios y muñidores del poder, por parte de la actual Administración federal, constituye la mayor operación contra la delincuencia política y de cuello blanco emprendida hasta hoy por Gobierno alguno. Sin embargo, el éxito dependerá de su alcance.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, desempeñó un papel secundario en la trama de corrupción urdida en Los Pinos y en la Secretaría de Hacienda. Empero, la información en su poder lo convirtió en figura central. Si al final la justicia no alcanza a Enrique Peña Nieto y a su alter ego Luis Videgaray, el plan de “acabar con la corrupción y con la impunidad”, esbozado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, será un fracaso.

En su mensaje de toma de posesión, AMLO mencionó 19 veces la palabra corrupción y otras tantas el término pueblo. “Convertir la honestidad y fraternidad en forma de vida y de gobierno”, dijo, no es propaganda, sino ideas sustentadas “en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal de los últimos 36 años, también por el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción”.

Acaso con la mirada puesta en Altos Hornos de México y otras empresas públicas rematadas por Salinas de Gortari entre socios y compadres, el Presidente advirtió: “Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) El poder político y el económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. Visto así, su elección sí representaba un peligro para los grupos de interés.

Actualmente, dos exsecretarios de Estado -Rosario Robles (PRI) y Genaro García Luna (PAN)-, el exdirector de Pemex -Emilio Loyoza-, un par de exgobernadores -Mario Marín y César Duarte (PRI)-, dos empresarios consentidos del poder -Alonso Ancira (AHMSA) y Kamel Nacif (el rey de la mezclilla)- y uno de los litigantes con mayor influencia política -Juan Collado- están detenidos, en proceso de extradición o prófugos por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y tortura (¿Y los Moreira, cuándo?).

Desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, AMLO apuntaba al pantano de la venalidad: “Otro distintivo del nuevo Gobierno será la separación del poder económico y del poder político. El Gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo (…). Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. (…) hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca mentira no lo era. (…) en los sexenios de Fox y Calderón fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción”.

Para el Presidente, “la corrupción -en el periodo neoliberal- se convirtió en la principal función del poder político”. No eran, como antes, “actos delictivos o una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder”. Las circunstancias actuales, por las crisis derivadas del coronavirus y algunas decisiones de la 4T, cancelan el sueño de convertir a México en la potencia económica que ofreció. Y “demostrar al mundo que acabar con la corrupción y la impunidad es posible”, dependerá de si se enjuicia o no al primer expresidente: Peña Nieto. ¿Y por qué no también a Salinas y a Calderón?