Ciudad de México.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formalizó la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual será presidido por Néstor Vargas, el integrante propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La primera decisión de la nueva Corte, a puerta cerrada, fue la designación de los tres miembros que le corresponden al Poder Judicial de la Federación.

Por unanimidad y en una sesión privada, el nuevo Pleno integrado por 9 ministros nombró esta noche a José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo y Catalina Ramírez Hernández, como miembros del OAJ.

Los tres nombramientos, completan la conformación del nuevo organismo, ya que la semana pasada el Ejecutivo designó a Néstor Vargas Solano y ayer el Legislativo hizo lo propio con Surit Berenice Romero Domínguez.

La designación de los miembros del OAJ se llevó a cabo luego de que el Ministro presidente, Hugo Aguilar, instalara la nueva Corte, en una sesión solemne.

“ A las y los trabajadores del Órgano de Administración Judicial, quiero decirles con toda claridad, esta transformación no es una amenaza, es una oportunidad. Los trabajadores del poder judicial de la federación son el corazón de estas instituciones. Su experiencia y compromiso serán fundamentales para fortalecerlo”, aseguró Vargas durante la ceremonia de instalación.

Además afirmó que la austeridad será norma, no excepción.

“ Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente, porque no hay justicia sin honestidad”, sostuvo.

Indicó que se impulsará una carrera judicial basada en el mérito, libre de favoritismos, con procesos sólidos de formación, evaluación y rendición de cuentas.

“ Desde esta nueva etapa, el Órgano de Administración Judicial nace con una misión clara, garantizar que la administración de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana.

“ No más privilegios, no más opacidad, no más indiferencia ante el dolor de los excluidos”, señaló.

Vargas dijo que el primero de septiembre de 2025 quedará enmarcado en la historia como el día en que se instalan e inician funciones tres órganos del Poder Judicial electos por el pueblo de México mediante el voto directo.

Destacó que no son resultado de un acuerdo político ni responden a intereses de un grupo.

“ Por el contrario, emanaron del convencimiento de la ciudadanía en sus capacidades y propuestas. La legitimidad democrática que respalda las nuevas autoridades judiciales es un logro nunca antes visto”, añadió.

Poco después de las 01:00 horas, en el edificio que fuera sede del Consejo de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, el nuevo organismo fue instado en una ceremonia a la que asistieron algunos de los nuevos ministros, jueces y magistrados.

Gallegos Ramírez fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Pérez es magistrada de circuito y ex candidata a ministra de la Corte; y Romero es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En tanto que Catalina Ramírez Hernández era consejera Nacional de Pueblos Indígenas de la zona norte de Hidalgo y Vargas, quien será el presidente del OAJ, se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Gobernación.

El nuevo OAJ, uno de los dos organismos que sustituyeron al CJF, será el responsable de determinar las adscripciones de los impartidores de justicia, creación de órganos y plazas judiciales, contrataciones y proponer y administrar los presupuestos.

Este órgano, que suplirá tendrá independencia técnica y será dirigido por una persona designada por insaculación, que durará dos años en el cargo.

Controlará el presupuesto; recursos humanos; carrera judicial; adscripciones de juzgadores; creación de tribunales, contrataciones; tecnologías de la información; inmuebles, obras y servicios, no sólo de los órganos jurisdiccionales federales, sino también de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

Tiene hasta el 15 de septiembre para adscribir a sus juzgados y tribunales a casi 850 magistrados y jueces electos el 1 de junio, y tendrá que revisar las iniciativas de presupuesto 2026 para la Corte, el CJF y el TEPJF, que ya están elaboradas.