Saltillo, Coah.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma electoral de Coahuila, aprobada por el Congreso local en septiembre del 2022, al declarar que no se cumplió con los procedimientos para aprobar dos nuevas diputaciones plurinominales para grupos vulnerables.

El argumento de los ministros fue que los legisladores no llevaron a cabo consultas suficientes a grupos indígenas y de personas con discapacidad, por lo que no se cumplió con la exhaustividad legislativa, por tanto, se declaran inválidas las dos nuevas diputaciones, por lo que en este proceso electoral se votará para elegir a 25 legisladores, 16 por mayoría relativa y 9 pluris.

NO HABRÁ 27 DIPUTADOS EN COAHUILA

Por unanimidad de votos de los Ministros de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, se aprobó invalidar los decretos de la reforma electoral de Coahuila, basándose en los artículos que creaban dos nuevas diputaciones plurinominales para grupos vulnerables, aumentando de 25 a 27 los diputados en el Congreso local.

Por tanto, el Instituto Electoral de Coahuila deberá modificar los procedimientos y reglamentos para ajustarlos a la nueva situación, dado que ya en esta elección en curso, no se presentarán listas de representación proporcional de grupos vulnerables.

Pero la impugnación presentada por PT, Morena y UDC, no solo provocó que fueran declarados inválidos los artículos que creaban las dos nuevas diputaciones, sino toda la reforma que modificaba más artículos de la Constitución de Coahuila y del Código Electoral local.

Entre las disposiciones anuladas están la que prohibía ser candidatos a quienes fueron condenados por infracciones por violencia política contra las mujeres, ser deudores alimentarios o sentenciados por delitos de violencia contra las mujeres.

También en esa reforma se contenían las directrices sobre las cuales cumplir con la paridad de género en la gubernatura, reglas detalladas en materia de paridad de género en candidaturas, algunos cambios en las boletas electorales y topes de campaña, entre otros.

Los ministros dieron un plazo de 12 meses al Congreso de Coahuila para llevar a cabo las consultas a los grupos vulnerables de indígenas y personas con discapacidad, y una vez cumplido tal requerimiento, la legislatura podrá volver a aprobar la reforma, junto con el resto de las modificaciones que contenía el proyecto ahora invalidado.