Monclova, Coah.- Enrique Luna Valadez, coordinador de Ministerios Públicos, sería el primero en estrenar en Monclova la nueva Ley de Procuración de Justicia de la PGJE, por la omisión y arreglo de hechos en el caso de tres sujetos enviados al penal acusados del robo de medidores de agua.

De acuerdo a la nueva ley, el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado podría ser detenido y sujeto a un proceso penal que tiene penalidad de 3 meses a cinco años de prisión.

Lo anterior se deriva del artículo 364 fracción VIII de la Ley de Procuración de Justicia donde se señala que es obligación de los Ministerios Públicos abstenerse de hacer constar falsamente en una diligencia hechos no acaecidos o de omitir mencionar los ocurridos.

Además, el Código Penal vigente del estado señala en su artículo 235 fracción segunda, que se impondrá pena de 3 meses a cinco años de prisión o suspensión hasta por cinco años de sus funciones a quien simule un acta, escrito o resolución judicial o administrativa, o altere o haga alterar el contenido de las actas en cualquier procedimiento administrativo o de orden judicial legal.

Lo anterior salió a relucir luego de que el pasado mes de noviembre del año 2007, Enrique Luna Valadez, en su carácter de Ministerio Público, integró un acta previa penal en contra de Jesús Ernando Rodríguez Espinoza, José Hernández Vázquez y Carlos Fernando Hernández Vázquez.

Los tres fueron señalados como responsables del robo de un medidor de agua en agravio de María Celia Mercado Cortez, quien denunció los hechos ante Gerardo Riojas, mismo que fungía como titular de la receptora de denuncias del MP.

La afectada en aquel entonces, denunció los hechos señalando en su querella que desconocía quiénes fueron los responsables, ya que no habían visto a nadie y se percataron de los hechos hasta que vieron el tiradero de agua.

El entonces receptor de denuncias, Gerardo Riojas, entregó a la mujer una copia de la denuncia, ya que la presentaría ante Simas a fin de que le repusieran su medidor sin costo.

Posteriormente el caso fue enviado a la agencia de asuntos patrimoniales de la que era titular Enrique Luna, quien desapareció la querella original y sin informar a la afectada el contenido de la denuncia, tanto a ella como a sus hijos a los que puso como testigos, les hizo firmar hojas en blanco, en las que ahora aparece que la denuncia se hizo directamente en contra de los ya señalados.

En el juzgado donde se ventila el expediente 19-2007, no se encontraron elementos para la condenatoria de los presuntos, ya que las actas y denuncias fueron alteradas en la agencia del Ministerio Público, puesto que la propia afectada negó las acusaciones en contra de los sujetos y presentó la copia de la denuncia inicial que ella interpuso.