Teherán.- El poder judicial de Irán rechazó que ocho mujeres detenidas enfrenten una ejecución inminente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente su liberación.

A través de su portal oficial, Mizan Online, la judicatura iraní aseguró que la versión difundida sobre una supuesta ejecución es incorrecta y atribuyó la información a “noticias falsas”. Según su postura, algunas de las mujeres señaladas ya fueron liberadas, mientras que otras enfrentan cargos que, en caso de confirmarse, derivarían como máximo en penas de prisión.

El pronunciamiento ocurre tras mensajes de Trump en redes sociales, donde planteó que la liberación de las detenidas podría influir en las negociaciones con Teherán. Su publicación retomó la versión de un activista que advertía sobre ocho mujeres en riesgo de ser ejecutadas, aunque sin detallar identidades.

La información fue ampliada por la periodista y activista Masih Alinejad, quien difundió los nombres de las detenidas. De acuerdo con su reporte, todas habrían sido arrestadas durante las protestas registradas en enero, en un contexto de represión denunciado por organizaciones civiles.

Entre los casos señalados se encuentra el de Bita Hemmati, quien fue condenada a muerte junto con tres hombres, incluido su esposo, acusados de agredir a fuerzas de seguridad en Teherán. También figura Mahboubeh Shabani, de 32 años, imputada por el delito de “hacer la guerra contra Dios”, tras presuntamente auxiliar a manifestantes heridos en Mashhad.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que al menos una mujer ya ha sido condenada a muerte y otra enfrenta cargos que contemplan la pena capital, en contraste con la versión oficial.

El debate se da en medio de un contexto más amplio. De acuerdo con reportes de Iran Human Rights y Juntos Contra la Pena de Muerte, al menos mil 639 personas fueron ejecutadas en 2025 en Irán, incluidas 48 mujeres.

Estos organismos acusan al Estado iraní de utilizar la pena de muerte como un mecanismo de control social, particularmente en escenarios de protesta y tensión política. Mientras tanto, el gobierno insiste en que los procesos se ajustan a la ley.

La situación de las ocho mujeres permanece sin claridad pública, en medio de versiones encontradas y una creciente atención internacional.