Ciertamente ha concluido el trámite legislativo de la Ley de Seguridad Interior en las dos Cámaras del Congreso mexicano, pero su proceso legislativo no. Concluirá cuando el Presidente de la República ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en tanto no esté publicada todavía, esa ley puede ser objeto de observaciones por parte de Enrique Peña Nieto desde su condición de titular del Ejecutivo Federal.

Y haciéndolas, el Ejecutivo en lugar de publicarla tendría que regresar la ley de marras a la Cámara donde se originó el proceso legislativo (en este caso, el Senado) y pedir a ambas Cámaras legislativas que vuelvan a revisar la Minuta en las partes observadas por el presidente de la República.

Pero ahora la aprobación ya no sería mediante la mayoría absoluta (la mitad más uno: 251 votos en San Lázaro y 65 en el Senado), sino con mayoría colegiada (dos tercios: 333 en Cámara de Diputados, y 97 en la de Senadores).

Evidentemente, si Peña acepta la demanda de la ONU y de CNDH de vetar la ley (así le llaman al hecho de hacer observaciones a una minuta y regresarla a los territorios del Congreso), entonces sería como renunciar prácticamente a que ésta entrase en vigor, en los términos como ha decidido consumarla el PRI y el PVEM, porque muy difícilmente el partido tricolor conseguiría los votos para alcanzar los dos tercios aprobatorios.

Podría decirse que ONU y CNDH, ayer, aplicaron un jaque a Enrique Peña Nieto, del que este se podría escapar solo si, uno, le vale madre lo que le piden y la publica en los términos en que está la Ley de Seguridad Interior. O, dos, si renuncia a su determinación de militarizar al país y la corrige haciendo observaciones de tal manera que, cuando menos el PAN -el partido que siempre se ha prestado a hacer cochinada y media con el PRI-, pueda acompañarlos en la hipotética  re votación de los dos tercios.

Y lo menos que se esperaría del PAN en estos tiempos electorales es que ellos –que son los que terminan legitimando al régimen en todas sus barbaridades- presionen al Ejecutivo para que dichas observaciones atiendan mínimamente lo que ahora reclaman organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.

Lunes 18 de diciembre de 2017. Enrique Peña Nieto seguía sin responder la demanda de la ONU y CNDH, instituciones que, de paso, han anunciado que en caso de que Peña haga caso omiso al clamor de la población y de estos organismos, de hacer algo para que esta ley de lo más infame no pase, entonces, una vez que estuviera promulgada, cada institución presentará, por su lado, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Nacional ante la Suprema corte de Justicia de la Nación.

Una demanda de inconstitucionalidad no es otra cosa que el requerimiento para que la Corte emita una interpretación sobre la legalidad de una ley. Pero, sobre todo, si dicha ley está armonizada y no es contradictoria con el espíritu de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ni con los tratados internacionales que ha firmado México.

De entre todos los que se han opuesto a la Ley de Seguridad Interior, hay una gran cantidad de personas e instituciones especializadas en el derecho constitucional. Y han sido ellas quienes juzgan que la ley de Seguridad Interior está contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia de fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.

La Corte tendría que interpretar la Constitución y resolver si esta ley recién aprobada es una ley secundaria contraria a los mandatos de la Constitución. Y de serlo, tendría que decir con todas sus letras que es Inconstitucional, y emitir la orden de que sea anulada.
 
INTENTAN ATEMORIZAR A REDES SOCIALES Y A PERIODISTAS
El jueves 14, casi a punto de que fuera clausurado el periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 63 Legislatura, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 386 votos, cero en contra y cero abstenciones, una reforma a la Fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal.

Pablo Elizondo García, un diputado federal del PRI oriundo de Nuevo León, fue el autor de la iniciativa, presentada apenas el reciente día 5 de este mes diciembre. Dicha reforma consistió en agregar a la Fracción I del artículo de marras el siguiente entrecomillado: Se considerará como un ilícito cuando alguien (sic) “comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos”, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio
de alguien.

Aunque esta reforma fue propuesta por un priísta, lo que llamó la atención fueron dos cosas: Uno: Que la aprobaron todos los grupos parlamentarios. Dos, consideraron que será daño moral cuando se hable de un hecho cierto o falso, medios de todo tipo, incluidos los electrónicos.

El PRI pretendió insuflar temor al ejercicio de la libertad de expresión, particularmente a quienes se expresa en las redes sociales –en el umbral del 2018-, a pesar de que contraviene la Constitución, que garantiza la libertad de expresión cuando se trate de hechos de interés público.

¿Qué pasó con la oposición? Votaron irreflexivamente, justificábanse, en medio de esa borrachera legislativa del final de periodo. Únicos beneficiarios serían quienes ejercen el poder. Quedó la minuta atorada en el Senado.