Washington.- Un juez federal en Washington ordenó suspender de manera temporal la construcción de un salón de baile valuado en 400 millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump, proyecto que implicó la demolición del histórico Ala Este de la Casa Blanca.

El juez de distrito Richard Leon concedió una medida cautelar preliminar solicitada por el grupo National Trust for Historic Preservation, lo que detiene momentáneamente las obras mientras se revisa el fondo del caso.

En una resolución inusual por su tono, el juez subrayó el carácter simbólico del inmueble: “El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones (…) no es el propietario”, escribió. Leon fue designado en su momento por el expresidente George W. Bush.

La orden entrará en vigor tras un plazo de 14 días, periodo en el que el propio juez reconoció posibles complicaciones logísticas por frenar una obra en curso. También anticipó que la administración Trump probablemente impugnará la decisión.

El fallo aclara que cualquier intervención necesaria para garantizar la seguridad del recinto presidencial podrá continuar sin restricciones.

El litigio fue promovido por organizaciones conservacionistas que exigen someter el proyecto a revisiones independientes y obtener la aprobación del Congreso, pasos que —aseguran— fueron omitidos antes de iniciar la demolición y construcción.

El proyecto fue anunciado en verano y, para finales de octubre, la Casa Blanca ya había derribado el Ala Este para abrir espacio a un salón con capacidad para 999 personas y una superficie de más de 8 mil metros cuadrados.

De acuerdo con la propia administración, la obra sería financiada con donaciones privadas, incluidas aportaciones del propio Trump.

La controversia también alcanza a los órganos de supervisión. El mandatario avanzó con el plan antes de consultar a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, instancias que actualmente cuentan con perfiles cercanos a su gobierno.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial sobre la suspensión judicial.