Chicago.- La magistrada April M. Perry consideró que el gobierno no aportó pruebas creíbles de un riesgo de “rebelión”, argumento que las autoridades federales esgrimieron para justificar el envío de tropas. La audiencia se extendió casi seis horas, con intervenciones de fiscales y representantes del gobierno.

El Departamento de Justicia había encargado a la Guardia Nacional la protección de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la operación conocida como Midway Blitz, que incluye detenciones masivas. Pese a esto, el tribunal determinó limitar la movilización mientras se analizan las impugnaciones.

El despliegue ya había llevado a Chicago alrededor de 500 soldados —200 provenientes de Texas y 300 de Illinois— con una movilización inicial prevista por 60 días, según el Comando Norte del Ejército. Un periodista constató presencia de guardias y personal de ICE cerca de una instalación en Broadview.

El pleito judicial se dio en paralelo con una apelación presentada por el gobierno contra otra orden que suspendió tropas en Portland, Oregón. Varios estados gobernados por demócratas, incluida California, han cuestionado previamente el uso masivo de fuerzas federales para contener protestas y operativos migratorios.

El gobernador demócrata J.B. Pritzker y funcionarios locales sostienen que las fuerzas estatales y municipales son suficientes para atender manifestaciones y proteger instalaciones; además han acusado al presidente de exagerar la situación en ciudades como Chicago. Pritzker calificó las acciones federales y advirtió que defenderá a su gente.

En Washington, el presidente Donald Trump dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección para autorizar despliegues militares en el país si los tribunales o autoridades locales se lo impiden, y defendió las redadas como parte de su combate al crimen y a la inmigración ilegal.

Mientras los tribunales siguen evaluando los recursos legales, la orden de la jueza Perry representa un freno temporal a las operaciones federales y plantea preguntas sobre los límites del uso de tropas en acciones domésticas relacionadas con migración y seguridad.