Chihuahua es uno de los estados que más contribuyeron a la democratización del país y al triunfo de la revolución maderista que puso fin al porfiriato. El fraude de 1986 que impuso a Fernando Baeza en la Gubernatura anticipó lo que ocurriría dos años después para implantar el salinato. La alternancia PRI-PAN de 1992, encabezada por Francisco Barrio, adversario de Baeza en la elección previa, presentó los mismos rasgos que la observada en la presidencia. El cambio llegó en 2016 con el también panista Javier Corral. La Operación Justicia para Chihuahua puso en la picota a su predecesor César Duarte.

La Fiscalía General del Estado obtuvo, en septiembre de 2017, una resolución judicial para embargar siete ranchos, dos fincas rústicas y un predio urbano a Duarte, cuya extensión, de acuerdo con Corral, excedía las 4750 hectáreas. Después vendría un alud de denuncias por peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos para comprar un banco. El Gobernador declaró que así daba cumplimiento al compromiso de “llevar a los tribunales a los responsables del saqueo y latrocinio del erario de Chihuahua”.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su parte, desveló la Operación Safiro, calificada como “uno de los casos más emblemáticos de desvíos coordinados entre siete estados de la República donde se desviaron alrededor de 650 millones de pesos para beneficiar al PRI. […] una de las fiscalías involucradas, la de Chihuahua (en el Gobierno de Corral), tomó seriamente su tarea y comenzó procesos penales contra más de 10 personas. Además, logró obtener ocho sentencias condenatorias en contra de personas involucradas en actos de corrupción”.

Los protagonistas de la trama fueron el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el Gobernador de Chihuahua, César Duarte. En segundo plano aparecen los gobernadores Jorge Herrera (Durango), Claudia Pavlovich (Sonora), Eruviel Ávila (Estado de México) e Ignacio Peralta (Colima). Extrañamente, en el caso de Coahuila no figura el gobernador Rubén Moreira, sino su secretario de Finanzas, Ismael Ramos. El infierno de Duarte empezó el 31 de diciembre de 2017, cuando la Interpol emitió una ficha roja para detenerlo. Peña Nieto y Beltrones lograron protegerlo por unos meses para salvarse a sí mismos.

Corral recurrió a instancias federales e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador para no dejar el caso en el olvido. La primera orden de aprehensión contra Duarte se libró en marzo de 2017 por los delitos de peculado y asociación delictuosa. El exgobernador puso de inmediato pies en polvorosa. El 8 de julio de 2020 fue detenido en Miami, Florida. Ese mismo día, AMLO se reunió en Washington con el presidente Donald Trump. Duarte fue extraditado a México dos años después, y en agosto de 2023 se le vinculó a proceso por peculado. En junio de 2024, la jueza estatal de Control, Hortensia García Rodríguez, le concedió libertad con brazalete electrónico.

La Fiscalía General de la República (FGR) recapturó al exgobernador el 8 de diciembre, en la capital del estado, por lavado de dinero. También lo acusa de haber sobornado durante su gestión a María Eugenia Campos, con 10 millones de pesos, cuando la actual Gobernadora era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso. Al parecer, Campos influyó en García Rodríguez, quien ahora funge de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para conceder en 2024 libertad provisional a Duarte. El mensaje de la Federación es claro y contundente: con la FGR ya no se juega.