La Paz, Bolivia.- El juicio contra la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por un supuesto golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales, comenzó este jueves en La Paz, Bolivia. 

La derechista de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho ex militares.

El juicio comenzó en forma virtual hacia las 10:00 locales y el abogado de Jeanine Áñez, Luis Guillén, se quejó por problemas en el audio.

“ Hay problemas de conexión”, indicó el defensor, quien solicitó que continúe de manera presencial este juicio, en el que están citados a declarar 76 testigos.

A Jeanine Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos.

Pido perdón a Dios por esta acción contra mi ser, pero espero pueda Él darme fuerzas para entender su designio y que mi patria no olvide su historia.

Jeanine Añez Chávez
Ex Presidenta Constitucional de Bolivia y presa política, en huelga de hambre desde la cárcel de Miraflores. pic.twitter.com/UhEtYW6pNI

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) February 9, 2022

Juicio inicia en medio de controversias

A la derechista de 54 años se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

“ Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo (…) con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró el martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como “presa política”.

Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la ex presidenta como “de facto” e “inconstitucional”.

La fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.

Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban decenas de partidarios de la ex presidenta, encabezados por su hija Carolina Ribera, de acuerdo con la AFP.

El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Jeanine Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.

Dos procesos

La otra causa contra la ex presidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.

Según Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola un principio general del derecho.

“ No puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”, destacó.

Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una ex presidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.

Los demandantes, el gobierno izquierdista, la fiscalía y el Congreso argumentan que se están juzgando acciones de Jeanine Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.

“ Éste es un juicio político que está llevando adelante el actual gobierno del presidente Luis Arce”, dijo el politólogo Carlos Cordero, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.

“ Es una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del Movimiento al Socialismo (MAS)”, el partido de Evo Morales y Arce, concluyó.

Jeanine Áñez fue señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.

Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”.

Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria.

El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.