Por: Fernando Turner Dávila

La más nefasta consecuencia del presente régimen es el ulterior deterioro del sistema de justicia.

Si bien nunca hemos disfrutado de un verdadero estado de derecho ni de una justicia ejemplar, ahora hemos caído aún más.

Habíamos superado los tiempos del autoritarismo priista, en los que el poder político y económico definía las pesquisas y las sentencias judiciales.

Cuando el Presidente, Gobernador y poderosos mandaban sobre los procuradores, jueces y magistrados. El ciudadano optó por alejarse lo más posible del sistema corrupto y arreglar las cosas por fuera.

Parecía que habían pasado esos tiempos y celebramos, después de vencer resistencias del mismo sistema anquilosado, una reforma substancial a las leyes penales para respetar, transparentar y desburocratizar el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías individuales, ante la horrible tragedia del 70% de los reclusos sin sentencia.

Miles de chivos expiatorios causando inenarrable sufrimiento de madres, esposas e hijos. Inocentes estigmatizados por la prisión, vetados de trabajar y mantenerse, mientras los culpables disfrutaban de impunidad.

Pero la justicia es a la carta de nuevo. A deseo del poderoso.

Se aumentaron los delitos susceptibles de prisión preventiva, no para castigar a criminales peligrosos, sino para ofensas fiscales, administrativas, electorales y en algunos estados, como Veracruz, hasta por hablar mal del Gobierno y funcionarios. Se prefiere de nuevo, apresar a presuntos que agilizar los debidos procesos.

Además, ahora el Gobierno cuenta con dos brazos que juzgan y ejecutan sin limitaciones a los ciudadanos: el SAT, que puede ejecutar sumariamente a empresas al quitarle los sellos fiscales; y la Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas, únicamente sustentados con la orden del jefe.

Estos dos organismos pretorianos se han usado para extorsionar a funcionarios judiciales, empresarios, antagonistas políticos y procesados para lograr declaraciones forzadas y delatar culpables a modo, mientras narcotraficantes, políticos y evasores, continúan en la impunidad.

Estos jenízaros, los actuales equivalentes de las antiguas prácticas de chantaje, castigan sin previa limitación judicial y protegidas de cualquier penalización por afectaciones y daños a inocentes. Ahora, los estados imitan esa práctica, estableciendo sus respectivos ejecutores sumarios a pesar de la bochornosa experiencia federal que avergonzaría a cualquier gobierno democrático.

La regresión de la justicia se hace pública con las acciones y exhibiciones de procuradores y jueces que actúan con indecorosos y públicos conflictos de interés, empleando cófrades y familiares, acomodando su acción en función de quién es el interesado y operando con consignas.

Está muy claro que ahora no se castiga a miembros o familiares del régimen, aunque sean evidentes sus corruptelas y pillerías. En cambio, se prejuzga y exhibe a contrarios solo con indicios, sospechas o rumores.

La Corte ha sido inconsistente en defender el decoro de su potestad y los derechos de los ciudadanos, achicándose ante el poder político, aumentando la desconfianza social en el sistema de justicia.

Nunca se ha sentido tanta inseguridad y desconfianza en cuanto a la protección de nuestros derechos humanos, económicos, políticos y sociales ante la irregularidad de sus laudos y sentencias.

Este régimen pasará negativamente a la historia por múltiples errores y fracasos en lo más esencial de la convivencia nacional, pero el más grave, el mayor, es el haber sepultado la confianza en el sistema de Justicia y mantenernos en un estado permanente de inseguridad jurídica.