“En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”, la insuperable frase acuñada por José Revueltas durante su permanencia en el Palacio Negro de Lecumberri, por haber participado activamente en el movimiento estudiantil de 1968; nos duele hoy a propios y extraños, pues sigue tan vigente esa realidad para la sociedad mexicana, como si se tratara del mismo día en que fuera concebida por el escritor, tal parece que la hubiese cincelado en las paredes de una cárcel perpetua para aprisionar a los más desvalidos.

La caótica realidad en seguridad pública que vive la zona norte del país, es una muestra de que no hemos avanzado en nada por lo que a la justicia penal se refiere, círculos viciosos que venimos repitiendo década tras década, me recuerdan a la cacería de brujas en los tiempos de la inquisición, en los que ante cualquier señalamiento o sospecha infundada, se detenía a una persona y era sometida a impensables atrocidades para arrancarles por medio de tortura una supuesta confesión de un delito.

Hoy son detenciones ilegales perpetradas por todos los niveles de las fuerzas del orden, distintas corporaciones destinadas a proteger la seguridad haciendo justamente lo contrario de lo que se supone tienen la obligación de hacer, trabajar con apego a la legalidad y a salvaguardar los derechos humanos de nosotros los ciudadanos.

Con esto no quiero satanizar a cada elemento, a cada policía, investigador o ministerio público, porque como siempre lo he dicho, todos los dedos de la mano son distintos, no podemos generalizar a la ligera, sin embargo, me refiero específicamente al cúmulo de violaciones a las garantías y derechos de las personas que son detenidas y acusadas por hechos falsos; a todas las ocasiones en que escuché múltiples narraciones de detenciones realizadas con la fuerza pública, cateos ilegales, en los que irrumpen elementos de seguridad fuertemente armados, y con lujo de impunidad detienen a una o más personas, delante de sus familias, sin importar que haya menores durante esas detenciones, a las pesquisas en sus pertenencias, al parecer buscando objetos de delito, que en lo único que terminan, es plantando falsa evidencia y la sospechosa desaparición de objetos de valor de las viviendas en cuestión.

Todo lo que alguna vez soñamos dejar atrás con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, como la impunidad, secrecía, persecución, tortura e injusticia, sigue siendo sólo una aspiración; ya que el sistema se cristalizó por la exigencia internacional, por esos poderes económicos que dictan la agenda legislativa en México y no por alguna razón de carácter deontológico, no por un motivo legítimo de querer cambiar la realidad social mexicana.

Esa misma suerte le surte al proceso penal acusatorio y oral, que aunque en teoría, nos permitiría acortar la brecha entre la impunidad y la justicia, por medio de sus principios rectores enmarcados en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes; parecería un lujo jocoso.

Un sistema con garantismo humanista y un proceso regido por la presunción de inocencia semejan un espejismo, una bella imagen de un oasis en medio del desierto de la legislación penal mexicana; que se ve incrementado con los problemas de la puerta giratoria, el resultado, una fórmula destructiva, una bomba de tiempo a punto de explotar. 

¿A qué me refiero con esto?, la analogía del funcionamiento de una puerta giratoria ilustra a la perfección lo que ocurre actualmente con las personas que son detenidas aparentemente en flagrancia por su probable participación o intervención en un hecho delictivo que son llevadas ante un juez de control, que por falta de recursos no pueden acceder a una defensa adecuada que combata su detención, así como todos y cada uno de los actos de investigación que se llevaron a cabo para presentarlo ante el juez, y prefieren optar por un medio alterno de solución del conflicto, acogiéndose a un beneficio que les permita recobrar su preciada libertad en forma inmediata.

Por otro lado, el pago de cuota o cumplimiento de objetivos por parte de las fuerzas policiacas, que tienen que justificar la chamba de poner criminales tras las rejas, ha llegado a los extremos de que tengan una lista de las detenciones previas, por eso alguien que acaba de acogerse a un beneficio puede ser nuevamente detenido, que al cabo, puede usar otro beneficio de la lista, entrando y saliendo una y otra vez cual si se tratara de una puerta giratoria, que ayuda a maquillar las flamantes estadísticas.

Pero, ¿qué de malo tiene este fenómeno?, que no se logre el fin por el cual fue concebida la reforma del sistema penal, una propuesta de mejora social en la que exista una justicia restaurativa y un legítimo proceso de reintegración a la sociedad del transgresor.