En días pasados, en esta ciudad capital, una mujer de 51 años, de la colonia La Herradura, murió apuñalada por una persona con la cual tenía tratos económicos. Según se dijo, la víctima se dedicaba al negocio de los préstamos y trascendió que tras una discusión su agresor, que era uno de sus deudores, le apuñaló en el pecho. Los elementos de la Cruz Roja acudieron al domicilio de los hechos para atender a la mujer, pero ya no tenía signos vitales.

Una situación igual sucedió a principios del año 2018, cuando en la misma colonia, La Herradura, un prestamista israelí fue asesinado por unas personas que presuntamente eran sus clientes o deudores. En aquel tiempo La Fiscalía encontró una lista de deudores que tenía cantidades elevadas de préstamos, y que eran propietarios de tarjetas bancarias que se encontraron en el interior del mismo establecimiento. Lo que los llevó a presumir que el prestamista les retenía sus tarjetas de nómina para cobrarse directamente los abonos.

Como es de verse con los anteriores hechos, y los actuales señalamientos que ha realizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, el negocio ilícito de los préstamos y el agiotismo han sido una dura problemática difícil de erradicar en nuestro estado. Y es que, a pesar de la campaña de concientización emprendida por la misma autoridad, advirtiendo del riesgo que se corre al solicitar un préstamo a un prestamista, los juzgados mercantiles en nuestra entidad siguen recibiendo diariamente demandas de prestamistas que aprovechándose de la necesidad de sus acreditados les hacen firmar documentos excesivos para luego fincarles embargos abusivos.

Con lo anterior, parecería entonces que la autoridad ha sido insuficiente u omisa al combatir esta práctica ilegal de préstamos a diestra y siniestra de prestamistas improvisados, que terminan convirtiéndose en usureros especializados. Lo anterior a pesar de que la concesión de créditos es una actividad que en México solo se le debe permitir a las instituciones de crédito legalmente constituidas. Lo que parece poco importa a los juzgadores que a pesar de ver que una misma persona o negociación demanda cotidianamente a cientos de personas, haciéndolos pasar como ocasionales prestamistas.

La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo segundo, establece con claridad que, el servicio de banca y crédito solo podrá prestarse por instituciones de crédito, y que para el otorgamiento de créditos, se deberá estimar la viabilidad de su pago por parte de los acreditados, mediante un estudio que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago, lo que en todos los casos deberá demostrarse con la constancia de la realización de dicho procedimiento. Lo que ni por error sucede en los préstamos dados por los prestamistas comunes.

De igual forma, el Código Penal Federal identifica a la usura como un fraude equiparado al disponer que, “Es defraudador quien valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona obtiene ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.

Entonces, ¿En verdad, pese a la existencia de dichas disposiciones, los jueces mercantiles no pueden frenar una conducta que tanto vulnera a nuestra sociedad? Es solo una pregunta.