Hace dos semanas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, dio a conocer que luego de descubrir la falsificación de un pagaré en un juzgado mercantil de la ciudad de Saltillo, inició una intensa campaña para detectar a la “mafia” que opera en los juzgados mercantiles que despojan de sus bienes a ciudadanos mediante la falsificación de pagarés, todo en colusión con los funcionarios de los estos tribunales. Con dicha campaña intentará erradicar esa mala práctica.

En la misma entrevista, el magistrado presidente, reveló que una funcionaria del mismo tribunal a su cargo, alteró el documento que le había firmado su deudor, para luego intentar cobrar un cantidad más alta. Esta acción fue detectada por el mismo titular del Poder Judicial local, lo que originó la separación de la funcionaria de su cargo.

Tal parece que el presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila desconocía hasta ese día que la alteración de títulos de crédito como los pagarés es una práctica de lo más recurrente en nuestro estado, especialmente en Saltillo, en donde diversos gestores de cobranza y abogados especializados en la materia mercantil, apoyados por los mismo jueces, principalmente los que atienden asuntos de menor cuantía, realizan demandas, embargos, cateos y hasta arrestos, fundados todos en documentos apócrifos, muchos de los cuales pueden detectarse a simple vista, pero que a pesar de ello son autorizados, por virtud de la estrecha relación que tienen con los jueces con algunos litigantes.

El Artículo 406 de nuestro Código Penal, habla de la falsificación, adulteración y uso indebido de documentos privados con efectos jurídicos. En dicho artículo establece que, se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 500 días multa, a quien para obtener un beneficio para sí o para otro, o para perjudicar a un tercero: Adultere parte del contenido de un documento privado. De igual forma, el ordenamiento en mención castiga a quien use un documento privado o copia del mismo, a sabiendas que es falso, o bien que parte de su contenido esté adulterado.

Incluso, nuestra legislación claramente castiga a quien aproveche para su beneficio económico o el de otra persona, perjudicando al autor del documento, una firma o rúbrica puestas en un documento en blanco, completándolo con una obligación, o con fechas, plazos, términos o intereses determinados, o con una manifestación del autor de aquellas, sin el consentimiento del firmante. Es decir, que los pagarés que se firman en blanco, necesariamente deben ser llenados con el consentimiento del suscriptor, lo que jamás sucede en la práctica, trayendo como consecuencia que lo establecido en el ordenamiento penal se convierta en letra muerta.

Así pues, y aunque el discurso del recién electo presidente del nuestro Tribunal Superior de Justicia nos llena de esperanza, los coahuilenses debemos entender que si hasta hoy los jueces mercantiles permiten escandalosas violaciones a los derechos fundamentales de los deudores al hacer efectivos documentos falsificados, lo es porque los ciudadanos siguen firmando documentos en blanco a pesar de las recomendaciones, y esta es la principal causa de que los acreedores ilegalmente logren obtener lucros desproporcionados sirviéndose de tal descuido.