El papel de los gobernadores en la primera alternancia lo desempeñan hoy los medios de comunicación, pues la Conago funcionó con presidentes débiles (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto). Mientras a escala federal un amplio sector de los mas media es adverso a Andrés Manuel López Obrador, quien los descalifica y confronta en sus ruedas de prensa matutinas, la relación prensa-Gobierno en los estados está a partir de un piñón.

Fox y Calderón nunca tuvieron mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores ni en los estados. Para aprobar reformas, leyes de ingresos y presupuestos, dependían del PRI. Los gobernadores de esas siglas aprovecharon el momento, no solo para conseguir ventajas económicas, políticas e impunidad, sino también para sentar a uno de los suyos en la “silla del águila” (Enrique Peña Nieto). Eso les permitió a los ejecutivos de todos los partidos acumular mayor poder y ejercerlo a su arbitrio.

El bloque de gobernadores del PRI nunca desafió a Fox como lo hizo con Calderón. La legitimidad del primero y el aura de haber vencido al “ogro filantrópico” que sometió al país durante 71 años, los contuvo. Pero a medida que Fox dilapidaba su capital político y exhibía sus limitaciones, los jefes políticos de los estados reproducían en sus feudos el viejo modelo presidencial. El cambio de partido en Los Pinos los liberó de todo tipo de ataduras y controles.

El desencanto con la alternancia PRI-PAN se manifiestó en las urnas. El viraje hacia la izquierda, acicateado por el fracaso del neoliberalismo frente a la pobreza, la inseguridad y la corrupción, parecía inminente en 2006. Empero, el cambio lo frustró el supuesto fraude para imponer a Felipe Calderón. La diferencia de medio punto porcentual entre el primero y el segundo lugar y las denuncias del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, dieron por resultado uno de los gobiernos más débiles y condicionados.

Calderón asumió el poder endeudado políticamente con algunos gobernadores —entre ellos Peña Nieto, del Estado de México— y caciques sindicales como Elba Esther Gordillo (SNTE). Sin mayoría en el Congreso, con el fantasma del fraude electoral sobre sus espaldas y la recesión económica de 2008-2009, aunada a la epidemia de gripe A(H1N1), el segundo Presidente emanado del PAN resultó presa fácil para los gobernadores del PRI. La táctica del desgaste, en este caso, funcionó: Calderón fue acusado del baño de sangre por la guerra contra la delincuencia organizada, cuando los gobiernos locales son los responsables de la seguridad pública y la mayoría de los asesinatos corresponden al fueron común (estatal). Aun así, el panista terminó con una aprobación del 49%, de acuerdo con una encuesta de BGC-Excélsior. Peña Nieto cerró con el 24% (Mitofsky).

No es casual que el Gobernador más agresivo contra Calderón haya sido el de Coahuila, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto premió con la presidencia nacional del PRI. Menos de un año después lo defenestró por el escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. Todavía prevalece la idea de que una parte de los fondos fue desviado a la campaña peñista, cuyo costo rondó los 5 mil millones, cuando el tope legal era de 350 millones. Con Peña en Los Pinos y un PAN adosado al PRI, los gobernadores hicieron su agosto. La 4T empieza a abrir las cloacas en los estados. No es una caza de brujas, como acusa el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino un acto de justicia largamente pospuesto. Por el mismo rasero deberá medirse también a los gobernadores de Morena.