Durante mucho tiempo, décadas, la agricultura de temporal o social en México ha sido olvidada por los gobiernos, y no por falta de apoyos o estímulos económicos, sino que los fondos destinados no cumplían con su objetivo teórico: la productividad rural. La desviación y mal uso de los recursos hicieron del campo mexicano un inagotable desperdicio de recursos públicos y enriquecimiento de bolsillos “insaciables”.

Fue hasta la administración del presidente Carlos Salinas (1988-1994) cuando el Congreso de la Unión autorizó el usufructo y/o venta de la propiedad ejidal; después de ese sexenio, los trabajadores del campo iniciaban una larga carrera para deshacerse de las tierras, que ya de por sí improductivas, ahora tenían el incentivo de venderlas a terceros, quienes podían utilizarlas para otros usos de suelo: fraccionamientos campestres o áreas cinegéticas, entre otros.

Paralelamente, la agricultura de riego empezaba un auge apoyada por las grandes empresas nacionales y extranjeras del ramo; desde luego la mayor rentabilidad la ha generado la agricultura de exportación, desde fresas hasta jitomates y limones, sin dejar atrás el aguacate, entre otros. El abandono del agro hizo que el país perdiera su seguridad alimentaria y tuviera que recurrir a las importaciones de productos agrícolas, y en muchos de ellos, en el pasado, se era autosuficiente, inclusive exportador.

Los tiempos cambian y nadie imaginaba que el cambio climático revalorara la producción agrícola, pero de una forma paradójica, es decir, en sentido contrario. Los gases de efecto invernadero propiciaban intensas inundaciones, las cuales anegaban los sembradíos, perdiéndose la producción; pero por otro lado, largas y agónicas sequías no permitían la siembra y siega de lo que habitualmente se cosechaba. A tal grado ha llegado la situación que para Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del orbe, el calentamiento de la tierra se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que en el corto y mediano plazo desatará guerras entre naciones. El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional textualmente han dicho: “La escasez de alimentos podría provocar disturbios, además de luchas por el agua….”.

El derretimiento de los casquetes polares también impactará en la lucha por los recursos marítimos que se encuentran bajo estas aguas: de ahí la explicación y justa prioridad que se le asigna a este fenómeno producido en gran medida por el mismo hombre y sus actividades productivas y otras, indirectamente, como es el caso de la industria ganadera. Tal fenómeno “natural” ha impactado en el alza de precios de los productos agrícolas, su incremento ha sido acelerado. Además del cambio climático, han influido el aumento de la demanda de cereales, leguminosas y otros granos de los consumidores de China; se debe recordar que es el país más poblado del mundo; y su Gobierno trata de satisfacer el consumo de su pueblo para evitar episodios bélicos de su no tan lejano pasado.

De acuerdo con datos que ha publicado la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), de septiembre de 2020, al mismo mes pero de 2021, la tasa inflacionaria de productos del campo ha sido de 32.8%, alza que no tiene precedente en el pasado reciente. Y en el caso de México, parte del periodo inflacionario por el que está atravesando la economía, proviene del exterior, es decir, es importado, por la dependencia nociva que se tiene de la agricultura internacional. Eso debería replantear los objetivos del programa Sembrando Vida de la actual Administración federal, alinearlo para que responda adecuadamente a los nuevos retos que está planteando el cambio climático.