Por: Irene Spigno

Como una de sus madres fundadoras, sé que en las venas de la AIDH corre sangre revolucionaria; sangre de cambio social. La AIDH busca, a través de su trabajo, transformaciones trascendentales que revolucionen la educación jurídica del país. Nos hemos trazado un propósito principal: construir agentes de cambio jurídico para la defensa de los derechos humanos en el contexto actual de crisis de violaciones en México.

Después de 1910, México tenía que reconstruir sus instituciones a partir de los ideales revolucionarios. El viejo régimen porfirista estaba presente y, para muchos historiadores, seguirá —durante todo el siglo XX— la llamada etapa “neoporfirista” que se instaló con el régimen priista: la “revolución institucional”.

Pues bien, una gran parte de la clase política y jurídica del antiguo régimen había sido formada por la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facultad de Derecho de la UNAM), principalmente. El ideólogo revolucionario Luis Cabrera, en efecto, fue uno de los actores principales del constitucionalismo de 1917. Después de sus conflictos con la clase jurídica del porfiriato, Luis Cabrera, ve surgir a la Escuela Libre de Derecho, por su nombramiento como director en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1912, y se convierte luego en unos de los principales asesores de Venustiano Carranza, el padre de la Constitución de 1917.

Lo paradójico del cambio revolucionario, sin embargo, fue que en este conflicto histórico los grandes fundadores de la Escuela Libre de Derecho se iban a convertir en los nuevos opositores revolucionarios al origen restaurador del presidencialismo democrático que emanaba de una Revolución; al final, se mantenía la vigencia de la clase jurídica e instituciones porfiristas. Pero luego “esos opositores” que fundaron una nueva escuela jurídica construyeron, en forma viviente, a las nuevas generaciones de juristas que, en gran medida, influyeron para pensar la interpretación de la constitución mexicana con “una formación libre del Derecho”.

Entre los constitucionalistas mexicanos, por ejemplo, se puede explicar la lectura de la Constitución con la obra de Herrera y Lasso o Emilio Rabasa. La influencia del pensamiento constitucional del profesor Tena Ramírez, por otra parte, no solo influyó en todas las carreras del Derecho del país a través de su obra clásica: todos llevaban ese libro de texto en la licenciatura; también su criterio judicial como ministro influyó en la jurisprudencia de la SCJN. El tratado de Derecho Constitucional de Elisur Arteaga, finalmente, constituye la obra que mejor explica de manera sistemática las instituciones constitucionales del siglo XX.

La Escuela Libre de Derecho, como muchas otras grandes escuelas de Derecho, surgió por conflictos que no solo se explican por los dilemas coyunturales de sus fundadores con un determinado status quo, sino que también tienen, a su vez, un significado histórico, contextual, conceptual y filosófico en la lucha de las ideas que pretenden construir mejores sociedades e instituciones por medio del cambio generacional.

La AIDH, al igual que la Escuela Libre de Derecho, también surge de una ruptura con las concepciones de la enseñanza del Derecho. Nuestra identidad es la de formar de manera global a los juristas en la ley universal de la dignidad humana.

A los que nos tocó fundar a esta nueva escuela de los derechos humanos, queremos ofrecer a nuestra comunidad una nueva formación de élite de juristas (los mejores) que estén comprometidos con los valores de la protección del más débil, la de los derechos y garantías fundamentales, para evitar el abuso del poder, la impunidad y la injusticia.

Coahuila, nuevamente, tiene un papel en la historia nacional durante esta etapa de cambio social en la medida en que, a través de la educación superior, garanticemos la educación jurídica con perspectiva en derechos humanos. En esta entidad federativa, durante la última década, se ha venido a desarrollar un modelo de protección local de derechos humanos que es una referencia nacional e internacional. En gran medida, la AIDH constituye el cerebro de estos cambios que se han generado por la lucha social de los derechos por parte de las víctimas.

Nuestra función universitaria, por tanto, debe ser revolucionaria: aportar nuestro conocimiento útil para transformar a las instituciones que les corresponde velar por la ley de la dignidad humana. La próxima generación que emane de nuestros programas educativos, desde la licenciatura, especialidades, maestrías y doctorado, serán la principal garantía de cambio jurídico con perspectiva en derechos humanos.