El 5 de noviembre dejó al descubierto una preocupación que venía acumulándose entre los inversionistas: el costo de la carrera por la Inteligencia Artificial. La caída de las principales tecnológicas y el retroceso del Nasdaq reflejaron dudas sobre la capacidad de las empresas para convertir inversiones multimillonarias en utilidades capaces de sostener las valuaciones alcanzadas durante los últimos dos años.

La magnitud del desembolso explica parte de la reacción. Jensen Huang en Nvidia, Lisa Su en AMD, Andy Jassy en Amazon, Mark Zuckerberg en Meta, Satya Nadella en Microsoft, Sundar Pichai en Google y Safra Catz en Oracle encabezan proyectos que demandan centros de datos, capacidad energética, infraestructura de nube y semiconductores a una escala pocas veces vista en la historia corporativa.

Hasta hace poco, el mercado estaba dispuesto a respaldar prácticamente cualquier iniciativa relacionada con IA. El criterio predominante era asegurar una posición de ventaja en una tecnología que promete redefinir industrias completas. El ajuste del jueves mostró otro enfoque. Los fondos comenzaron a evaluar con mayor rigor los plazos de recuperación de esas inversiones, los márgenes futuros y la generación efectiva de flujo de efectivo.

La presión financiera coincidió con un factor político. Las elecciones intermedias de Estados Unidos alteraron varios supuestos que habían acompañado al sector tecnológico. La derrota republicana abrió interrogantes sobre el alcance de futuras regulaciones vinculadas a la Inteligencia Artificial, competencia económica, protección de datos y supervisión de plataformas digitales. En los mercados, la incertidumbre suele tener un costo inmediato y las tecnológicas terminaron absorbiendo parte de ese ajuste.

Para México, el episodio tiene implicaciones directas. La expansión de centros de datos, proyectos de nube, manufactura avanzada y cadenas de suministro para semiconductores está vinculada a decisiones corporativas tomadas en Estados Unidos. Entidades como Querétaro, Nuevo León y Jalisco han captado inversiones precisamente por su integración con ese ecosistema tecnológico. Una revisión en los presupuestos de expansión puede terminar modificando calendarios, ritmos de ejecución o nuevos anuncios de inversión.

Lo ocurrido el 5 de noviembre no representa un rechazo a la inteligencia artificial ni el fin de los proyectos tecnológicos. Representa algo más concreto: el regreso de la disciplina financiera. Los mercados comenzaron a exigir que las cifras acompañen a las expectativas. A partir de ahora, directivos de las grandes tecnológicas enfrentarán una evaluación distinta. Ya no bastará anunciar nuevas inversiones, construir más infraestructura o incrementar la capacidad de cómputo. El mercado quiere evidencias de rentabilidad. Y cuando los inversionistas modifican los criterios con los que asignan capital, los efectos suelen extenderse desde Silicon Valley hasta economías estrechamente conectadas como la mexicana.

LA CÁMARA Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), presidida por Roberto Ciprés Cruces, reconoció al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con el galardón El Sueño, durante la celebración del XLV Día del Tequilero, en reconocimiento a su trayectoria y al impulso que ha dado a la agroindustria tequilera desde distintas responsabilidades públicas. En el evento, que también contó con la participación del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, Ebrard adelantó que en 2027 buscará concretar un acuerdo con el ministro de Comercio de India para mejorar las condiciones de acceso del tequila a uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la bebida mexicana. El anuncio ocurre mientras México y la India avanzan en una agenda de mayor integración comercial y de apertura para productos estratégicos de exportación.

NO PIERDA de vista el caso de los hermanos Yarte Sada, sentenciados por uso de documento supuestamente falso en una disputa por terrenos en Nuevo León, cuya propiedad reclaman frente a familiares encabezados por María Nelly Sada González, Adrián Sada González y María Alejandra Sada González. El expediente tomó un nuevo rumbo cuando cuestionaron la actuación de la magistrada federal Sara Verónica Siller Marroquín, al asegurar que una resolución incorporó una comparecencia que, según su defensa, nunca ocurrió. La queja llegó al Tribunal de Disciplina Judicial, que resolvió no abrir una investigación administrativa. El caso mantiene abierto un debate sobre los mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial.

LAS EMPRESAS mexicanas están ampliando sus cadenas de suministro más allá de China, aunque sin abandonar ese mercado. De acuerdo con el Barómetro de QIMA, la participación de China en las inspecciones y auditorías realizadas para compradores de Latinoamérica bajó de 81% a 79% durante el tercer trimestre de 2026, mientras el sudeste asiático ganó terreno. En el caso de México, las inspecciones vinculadas a proveedores del sudeste asiático crecieron 102% anual y las realizadas en Vietnam aumentaron 99 por ciento. Iván Hernández, director general de QIMA para México y Latinoamérica, señaló que la diversificación exige verificar la capacidad productiva, legalidad y calidad de los proveedores antes de concretar compras. El reporte también muestra que las empresas estadunidenses han retomado parcialmente operaciones en China, que ya concentra 40% de las inspecciones solicitadas desde Estados Unidos. Para las compañías mexicanas, el objetivo es reducir dependencia de un solo mercado sin sacrificar capacidad de suministro.

LA REFORMA al ISR 2027 abrió un frente con las distribuidoras de vehículos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que encabeza Guillermo Rosales, advirtió que el límite de 96.6% a las deducciones fiscales podría afectar la operación de alrededor de mil agencias y poner en riesgo hasta 70 mil empleos directos. Según el organismo, por cada 100 pesos facturados una distribuidora obtiene apenas 38 centavos de utilidad antes de impuestos, debido a costos relacionados con inventario, personal, financiamiento y operación. La preocupación aumentó después de que armadoras y comercializadores de combustibles fueron excluidos de la restricción fiscal, mientras las agencias quedaron fuera de ese beneficio. Ante este escenario, la AMDA solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum un mecanismo de facilitación fiscal que permita exceptuar al sector.