Por: Óscar Mario Betteta 

La salida de Rubén Rocha Moya de la Gubernatura de Sinaloa luego de 112 días marca mucho más que el final de una crisis local.

En realidad, es uno de los golpes más severos a la narrativa política que Morena construyó durante años y que llevó al poder a ese partido.

Es la narrativa que encumbra la honestidad pública, la lucha contra la corrupción y la regeneración de la vida política nacional. Por eso, cuando un movimiento llega al poder prometiendo ser distinto, cada escándalo –como el de Rubén Rocha Moya– pesa el doble.

Rocha Moya solicitó licencia tras ser señalado por autoridades estadunidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Más allá de que las acusaciones deberán acreditarse en los tribunales, el daño político ya está hecho.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó como improcedente el atropellado y brevísimo intento del Gobernador con licencia de volver al cargo, y Morena terminó por deslindarse de una decisión que generó un profundo malestar dentro del partido.

La crisis fue tan profunda que Morena ya metió acelerador a los movimientos para definir quién encabezará la sucesión en Sinaloa rumbo a 2027.

En su lectura, Morena entendió que prolongar la sombra de Rocha implicaba cargar con un lastre electoral innecesario y la senadora Imelda Castro emerge ahora como la figura llamada a cerrar una etapa marcada por el desgaste político.

Sin embargo, el problema para Morena no se limita a Sinaloa. Rocha Moya se convirtió en el elefante en la sala, en el símbolo más visible de una contradicción que desde hace tiempo erosiona la credibilidad del partido de AMLO.

La llamada austeridad republicana y la “justa medianía” promovidas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron presentadas como principios éticos que debían distinguir a la Cuarta Transformación de los gobiernos anteriores.

La realidad, sin embargo, ha mostrado a numerosos funcionarios y políticos morenistas involucrados en controversias relacionadas con propiedades de lujo, viajes, contratos públicos, conflictos de interés y enriquecimiento difícil de explicar.

Y aunque ninguno de esos escándalos ha sido suficiente por sí solo para derrumbar la fortaleza electoral de Morena, todos juntos ya reflejan una imagen incómoda y que resulta indignante para la ciudadanía: la de la hipocresía, la de la distancia entre el discurso y la práctica.

La situación para Morena es delicada porque construyó gran parte de su capital político precisamente denunciando la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, y cuando una fuerza política hace de la ética pública su principal bandera, la ciudadanía suele ser menos tolerante frente a cualquier señal de incongruencia.

Además, el caso Rocha ocurre en un momento especialmente sensible. En 2027 estarán en juego 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades, la renovación de todos los congresos locales y de 17 gubernaturas.

Aunque Morena sigue siendo la fuerza política más competitiva del país, llega a esas contiendas con varios frentes abiertos, como lo son la inseguridad, el desgaste natural de ejercer el poder, las disputas internas por candidaturas y ahora los cuestionamientos sobre la conducta de algunos de sus cuadros.

La lección es clara. Los partidos no son juzgados únicamente por sus discursos, sino por la conducta de quienes los representan.

El escándalo de Rubén Rocha Moya no sólo deja una vacante política en Sinaloa, sino también una gran pregunta incómoda para Morena, que con qué cara puede defender la narrativa anticorrupción cuando muchos de sus propios integrantes hacen todo lo contrario.