La confianza es un concepto polisémico –es decir, que tiene varios significados– según afirman Valdez y Huerta (2018), y es que después de varios análisis concluyen que, la mayoría de los autores basan esta confianza en la percepción (qué tan merecedor es alguien, de nuestra confianza), la predisposición a confiar (tendencia a ver al ser humano como una persona buena y confiable) y el contexto social (referido a los valores y normas institucionales que existen en la sociedad).

En ese sentido, los autores señalan que la confianza ciudadana es el resultado de la experiencia, la interacción y la esperanza de los ciudadanos sobre las personas que ocupan un cargo de representación pública y, por ello, tienen un poder para generar un bien común.

No obstante, es sabido que estas personas no siempre cumplen con sus funciones encomendadas, al menos para lograr un bienestar común sino uno particular; dando paso a los hechos de corrupción.

Por lo anterior, los niveles de esta confianza tienden a tener un efecto negativo, tal es el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 que preparó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que arrojó importantes hallazgos para nuestro país. Por ejemplo, la familia (86.7) se identifica como el actor que mayor confianza inspira (lo cual incluso se repitió en la edición de 2019, de esta evaluación).

Antes de hablar de las instituciones públicas, aquellos que le siguen a los familiares en nivel de confianza son los compañeros de trabajo (73.1), vecinos (70), instituciones religiosas (61.5), ONG (59.4), medios de comunicación (51.5), empresarios (46.4) y sindicatos (37.4). Ahora, quienes tienen una mayor confianza y además conforman instituciones públicas, son escuelas públicas de nivel básico (79), universidades públicas (78.9), Ejército y Marina (71), hospitales públicos (68.5) y organismos autónomos públicos/descentralizados (67.5), entre otros.

Frente a lo anterior, tienen el nivel de confianza más bajo los partidos políticos (27.9), policías (33.3), cámara de diputados y senadores (34.3), Ministerio Público (36.5) y jueces y magistrados (40.3). En medio, queda el Gobierno federal (54.1), institutos electorales (53.1), servidores públicos (48.3), gobiernos municipales (47.1) y gobiernos estatales (45.1).

Esto permite hacer algunas observaciones al respecto, primero que los niveles de confianza más bajos están en el poder judicial. El poder ejecutivo y legislativo, a través de sus instituciones e integrantes, se concentran mayormente en instituciones con un porcentaje medio (es decir, ni alto ni bajo).

Segundo, la necesidad de tomar medidas (tales como reformas legales) para que los partidos políticos (y los actores antes mencionados) generen una mayor confianza, sobre todo en estos momentos de la vida política de nuestro país. Finalmente, para los empresarios, que debemos realizar esfuerzos para mejorar estos resultados y servir de modelo a seguir para los otros actores. Por ello, es trascendente participar activamente en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., para generar un ambiente más favorable para la confianza ciudadana en nuestro país.