Todavía hay quien afirma que la legitimidad se mide por el grado de aceptación popular de los gobernantes, pero no es así. Eso solo proporciona una apariencia, siempre manipulable, de legitimidad.

En cambio, si se enfoca bien el objetivo, se podrá apreciar que, siendo la democracia gobierno, solo puede haber legitimidad cuando el aparato institucional garantiza, procura y promueve efectivamente las condiciones de “piso parejo”, para que toda persona pueda acceder a los satisfactores que la plena realización de su propio potencial requiere para ser plena.

En otras palabras, lo que debe hacerse, y no otra cosa, es garantizar a todos el acceso a los derechos y libertades fundamentales, siempre conforme a las normas y principios que nutren el marco jurídico del “estado”, entendido éste como sociedad integral políticamente organizada y jurídicamente estructurada.

¿Puede afirmarse que un gobierno es legítimo solo por los elevados índices de popularidad que pudieran arrojar los sondeos y las encuestas? No, a mi juicio, porque con eso solo se percibiría una apariencia de legitimidad, vacía, sin substancia.

Es oportuno precisar esa cuestión si se quiere enfrentar con pulcritud cívica el brete en que nos ha metido el capricho de reformar la constitución en previsión de la “consulta” sobre la revocación de mandato, una argucia inspirada en la anacrónica, pero eficaz, demagogia chavista.

Es seguro que, una vez resueltas las cuestiones de constitucionalidad planteadas a la Suprema Corte y se concluya los procedimientos de impugnación que seguramente se enderezarán contra el reciente acuerdo del INE, que decidió posponer la consulta, ella se lleve a cabo.

Así las cosas, no está de más una reflexión concreta sobre el desempeño, político y administrativo, del grupo en el poder.

El contexto es complejo y me parece que objetivamente desfavorable. Al margen de las secuelas económicas de la pandemia, hay yerros innegables en el manejo de las finanzas públicas y la gestión en general, que han redundado en despilfarros y desperdicios improductivos, incluso en términos de concitar apoyos sociales genuinos, sólidos y duraderos.

Se ha perdido de vista que el verdadero rescate de la dignidad humana pasa por la posibilidad de ganarse el propio sustento, y los demás satisfactorios personales y familiares, “con el sudor de la frente” de cada persona, y no en recibir dádivas engañosas e insuficientes.

Con todo, creo que lo más grave, en términos de trascendencia, es la pérdida de control que ha sucedido en buena parte del territorio, ante la complacencia –y no quiero pensar que con la complicidad, como algunos sospechan– del Gobierno.

Al tender la mirada por todas esas regiones del país en que las autoridades institucionales han sido desplazadas por las fuerzas de alguna de las organizaciones dedicadas, impunemente, a la “delincuencia organizada”, no puede uno menos que compartir esa perspectiva y experimentar alarma.

El propio Cuauhtémoc Cárdenas, cofundador del movimiento del que se desprendió Morena, y a quien mucho debe la carrera política de AMLO y otros conspicuos miembros de su círculo cercano, lo dijo muy claramente durante la presentación del libro “Informe del Desarrollo en México. Coordenadas para el Debate del Desarrollo”: “Es importante -señaló- atender la debilidad institucional del Estado mexicano si se quiere un futuro con estabilidad que enmarque la edificación de la democracia y la igualdad”.

“Debemos tomar conciencia –dijo también– de que uno de nuestros grandes problemas…es que hemos sido incapaces, Estado y sociedad, juntos y separados, de organizar con solidez la vigencia plena de un Estado de derecho y la participación democrática de la gente en la conducción de Estado”.

El otrora reconocido como mentor suyo por AMLO, sentenció finalmente: “Revertir las actuales condiciones demanda, más que responsabilizar de ello a los individuos que tomaron las decisiones en el pasado, poner en práctica políticas públicas para superar estas condiciones”.

Eso no se ha hecho ni hay visos de que se hará. Bueno será tenerlo presente al momento de la consulta, si es que eventualmente se lleva a cabo.