El presidente Andrés Manuel López Obrador espera un nuevo revés en la Corte, a propósito del “plan B”, impugando por partidos, estados y municipios. Gerardo Moyano escribre sobre el tema en «Espacio 4» (711). «AMLO ha logrado lo que la oposición no pudo: unir a tirios y troyanos contra de la 4T, ahora bajo la bandera de la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Y es que en el caso de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, las formas enturbian el fondo, pues la manera en la que el Mandatario, Morena y sus aliados en el Congreso impusieron el llamado “plan B” rememoran lo peor del viejo PRI y desvían la atención de lo más importante: la necesidad de mejorar y transparentar los procesos electorales.

»Si bien el Ejecutivo tiene facultades para presentar las reformas constitucionales que considere necesarias, el hecho de que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados haya aprobado su proyecto de ley vía fast track —el mismo día que fue presentado con modificaciones del Senado (15.12.22)— y sin turnarlo a comisiones pone en duda la visión estadista de AMLO. Para aprobar la iniciativa sin discusión, los diputados morenistas y sus aliados echaron mano de una excepción que les permite eludir el proceso ordinario —turnarla a comisiones para su estudio y dictaminación— cuando se trata de casos de “urgente y obvia resolución”.

»El pleno de la Cámara de Diputados avaló un acuerdo que autorizó al Senado a remitir lo ya aprobado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa siguió el proceso ordinario en la Cámara alta, donde el 2 de febrero fue turnada a las comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos. “Hay dos hipótesis que podríamos aplicar (…). Una de ellas es dispensar todos los trámites y (…) votarlo para enviarlo al Ejecutivo como resulte la votación; sin embargo, en el Senado nunca hemos precipitado el procedimiento (…) Así es que no hay prisa. (…) vamos a actuar conforme a los procedimientos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento”, dijo el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el 1 de febrero.

»La imprudencia de los diputados puede ser el talón de Aquiles de la reforma, pues más allá de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos, legisladores, municipios y sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentado precedente en casos similares, al considerar que la falta de deliberación e intervención de las minorías en el proceso legislativo viola los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

»“No queda claro qué hechos generaban una condición de urgencia (…). Si existieron, los senadores los desconocían, porque en la Cámara alta la iniciativa siguió el trámite ordinario. En cambio, en la Cámara de Diputados, la oposición dejó constancia que no tuvo el tiempo para leer la iniciativa ni la oportunidad real de participar en la deliberación. Al conculcarle estos derechos, la mayoría oficialista abrió la puerta para una eventual revocación del “plan B” en su totalidad”, escribe el exconsejero electoral Benito Nacif (El Economista, 31.01.23).

»En este sentido, López Obrador ya anticipa una derrota en tribunales. En su conferencia matutina del pasado 31 de enero, el Presidente advirtió que aun cuando la reforma electoral fuera considerada como anticonstitucional por la Suprema Corte “no pasa nada” porque solo agregaría una “manchita más al tigre” de un “aparato antidemocrático”. “(Los ministros) estarían avalando salarios estratosféricos para algunos funcionarios. Bueno, los mismos ministros violan la Constitución, porque ganan mucho más que el Presidente”, dijo. (…) Conscientes de que las manifestaciones del 13 noviembre lograron detener la reforma original (“plan A”) en el Congreso, los ciudadanos volverán a marchar el 26 de febrero para meter presión a los ministros del máximo tribunal del país, quienes debatirán sobre la constitucionalidad de los cambios a las leyes secundarias».