El Pentágono y la Casa Blanca condecoraron el 15 de octubre de 2018 a los secretarios de la Defensa y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, con la Legión al Mérito en grado de Comandante por su “excepcional trabajo” y por haber contribuido “a una mayor cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países”. Dos años después, la DEA detuvo a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles por narcotráfico y lavado de dinero. El 17 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos retiró los cargos, mientras familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, protestaban frente a la Corte de Brooklyn.

“No podemos admitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano”, declaró el presidente López Obrador. Empero, antes había equiparado el caso Cienfuegos con el de Genaro García Luna, preso en Nueva York, por recibir sobornos del cártel de Sinaloa y otros delitos. “Son muestra

inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal, la peste que tanto daño ha hecho al país”. Incluso ofreció suspender y consignar a los mandos involucrados con el general.

Una de las hipótesis para explicar el giro copernicano y la intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para lograr el desistimiento del Departamento de Justicia, fue la presión de las fuerzas armadas sobre el Presidente. Sin embargo, aun cuando, según la jueza Carol B. Amon, las imputaciones contra el divisionario eran graves, la DEA no se ha distinguido por respetar la soberanía de los estados ni fundamentar todas sus investigaciones.

La captura, entrega y exoneración de Cienfuegos provocó reacciones. En el primer caso, por sorpresiva y contradictoria, pues había sido condecorado hacía apenas dos años. (En 2017, según la DEA, se grabaron conversaciones y mensajes de integrantes del cártel H-2, residuo de la organización de los Beltrán Leyva, donde se referían al secretario de la Defensa como ‘El Padrino’). En el segundo, por inédita; y en el tercero, por no haberse ejercido acción penal contra el general. ¿Estados Unidos habría regresado a México a un exfuncionario de alto perfil, acusado de narcotráfico, bajo la presidencia de Peña Nieto o de Felipe Calderón?

Grupo Reforma, siempre a la caza de los errores del Gobierno de AMLO, algunos de los cuales exagera y otros desvirtúa, quiso tomar el pulso de los mexicanos sobre el tema. El 77% opinó que Cienfuegos no es inocente; y 69%, que no pisaría la cárcel. Jorge Castañeda, canciller en el Gobierno de Vicente Fox y excolaborador del diario, apostilla: “Conviene aclarar que se trata de una encuesta telefónica –mitad celular y mitad fija– con una muestra muy pequeña. Seguramente encierra un sesgo hacia la clase media, urbana, joven informada. Pero ese es el sector que forma opinión en México, y sus puntos de vista terminan por permear al resto de la sociedad” (Cienfuegos: ¿A Quién le Cree la Gente?, Letras Libres, 20.11.20).

La crisis vaticinada por unos y deseada por otros, no ha llegado. AMLO aprovechó la coyuntura para dar una vuelta de tuerca y endurecer las reglas sobre la operación de agentes extranjeros en nuestro país. Quizá sea cuestión de tiempo, mientras el flamante presidente Joe Biden toma el control, para que Estados Unidos responda.

Mientras tal cosa sucede, si ocurre, López Obrador desagravió a su aliado principal, no solo en temas de seguridad, sino también de gobernabilidad. Si la intención era socavar a las Fuerzas Armadas y al Presidente, el objetivo fracasó. Incluso los partidos de oposición apoyan la estrategia del Gobierno para defender al general.